El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien dictó una cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La presentación acusa al magistrado por presunto mal desempeño y pide su suspensión preventiva y posterior remoción.

El escrito fue presentado por Juan Méndez, titular del MEAB, ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. La denuncia se suma a otra presentación penal realizada la semana pasada contra Ojeda, en la que el mismo espacio lo acusó de abuso de autoridad.

La cautelar contra la reforma laboral

Ojeda está a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63. Su intervención se dio en una causa iniciada por la CGT, que planteó la inconstitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El punto central de la denuncia del MEAB es la cautelar dictada el 30 de marzo, con alcance colectivo, que suspendió varios artículos de la ley. Para la entidad empresaria, la medida fue tomada en pocos días, sin una sustanciación suficiente del expediente y antes de resolver de manera definitiva la competencia del tribunal.

La presentación sostiene además que el juez habría suspendido artículos que no habían sido pedidos de forma explícita en la demanda. También advierte que esa decisión podía generar fallos contradictorios entre distintos fueros.

Cuestionamientos a la competencia del juez

El MEAB planteó que Ojeda asumió competencia en un caso que, según su interpretación, excede el fuero laboral. La denuncia sostiene que el expediente involucra una ley nacional y al Estado como parte demandada, por lo que debería tramitar en la justicia federal.

El escrito remarca que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 se declaró competente el 10 de abril. Aun así, según la presentación, Ojeda desconoció o rechazó esa decisión y continuó interviniendo en la causa.

También se le atribuye haber omitido definiciones sobre planteos considerados esenciales, como la falta de un caso concreto, la legitimación de la parte actora y el alcance colectivo del expediente.

Las supuestas irregularidades procesales

La denuncia enumera distintos movimientos del juzgado que, para el MEAB, muestran un apartamiento de garantías procesales. Entre ellos menciona el acceso restringido al expediente, la elección del trámite sumarísimo sin fundamentación suficiente y la falta de traslado de documentos a la defensa.

Otro cuestionamiento apunta a la configuración de una instancia colectiva sin cumplir, según la entidad, con los requisitos fijados por la Corte Suprema para certificar una clase.

El MEAB también citó una resolución del 17 de abril, en la que Ojeda excluyó al Procurador y a los Subprocuradores del Tesoro del patrocinio letrado del Estado Nacional por falta de matrícula profesional. Para los denunciantes, esa interpretación contradice normativa vigente y jurisprudencia del máximo tribunal.

El pedido ante el Consejo de la Magistratura

Como prueba, la entidad empresaria acompañó material judicial, documentación administrativa y registros vinculados con la tramitación del expediente. También incluyó una entrevista radial en la que Ojeda habría mencionado la existencia de “20 o 30 amparos” de sindicatos contra la misma ley. Y la posibilidad de que recibieran medidas cautelares.

Para el MEAB, esas conductas configuran mal desempeño, pérdida de imparcialidad, afectación de la defensa en juicio e interferencia en la esfera del Poder Legislativo.

El pedido formal apunta a que el Consejo de la Magistratura abra un expediente disciplinario y solicite informes sobre las actuaciones cuestionadas. También que suspenda preventivamente al juez y avance luego con una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.