El Gobierno de Tucumán volvió a ratificar que está prohibida la quema de caña de azúcar y de pastizales en toda la provincia y recordó que la práctica constituye un delito contemplado por la legislación penal argentina. La advertencia fue realizada por el secretario de Producción, Eduardo Castro, en medio de los operativos de control y prevención.

El funcionario explicó que la prohibición se encuentra vigente desde hace más de veinte años a partir de la ley provincial 6.253, normativa que impide la quema de cualquier tipo de vegetación, tanto en pie como caída. Según remarcó, la regulación alcanza también a los cañaverales y forma parte de las políticas ambientales implementadas por la Provincia.

Castro recordó que la ley fue sancionada en 2004 y que originalmente contemplaba un esquema de transición hacia la eliminación total de las quemas. En ese momento, se había previsto un sistema de quemas controladas bajo supervisión de distintos organismos técnicos y de emergencia para avanzar progresivamente hacia el objetivo de “quema cero”.

Sin embargo, el secretario explicó que ese mecanismo nunca llegó a implementarse correctamente. Según detalló, las quemas controladas debían notificarse previamente a la Estación Experimental, a los bomberos, a Defensa Civil y a la Dirección de Fiscalización Ambiental, dependiente de la Secretaría de Producción, algo que finalmente no ocurrió.

Además, recordó que en 2013 se modificó el decreto reglamentario mediante una nueva normativa provincial que eliminó la posibilidad de avanzar con ese tipo de autorizaciones especiales. De esta manera, la prohibición quedó plenamente vigente para todo el territorio tucumano.

El funcionario también advirtió sobre las consecuencias penales que puede implicar este tipo de prácticas. “Quemar pastizales es un delito que está previsto en el Código Penal con el artículo 186”, sostuvo Castro, al remarcar que el Ministerio Público Fiscal interviene en los casos detectados por las autoridades.

En paralelo, el Gobierno provincial aclaró que existe un criterio diferencial para pequeños productores. En ese sentido, Castro explicó que quienes poseen menos de 50 hectáreas son considerados dentro de una categoría atenuada al momento de analizar responsabilidades administrativas y sanciones.

El secretario indicó además que el Ministerio de Economía y Producción trabaja junto a la Dirección Ambiental para reforzar las tareas de control durante la temporada de zafra. El objetivo oficial es prevenir incendios, reducir riesgos ambientales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en toda la provincia.

Desde la administración provincial remarcaron que las acciones de prevención continuarán durante los próximos meses, especialmente en un contexto climático donde las condiciones secas elevan el riesgo de incendios rurales y focos de quema ilegal.