La defensa de 12 activistas de Greenpeace apeló el procesamiento dictado en su contra por una protesta realizada en las escalinatas del Congreso. La manifestación tuvo lugar el 26 de febrero y cuestionó la Ley de Glaciares. Los acusados fueron procesados sin prisión preventiva por los presuntos delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. Ahora, la Cámara Federal porteña deberá revisar la decisión.

El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Según la hipótesis de la causa, los activistas habrían escalado las rejas del Palacio Legislativo, que estaban cerradas con candado. Luego habrían ingresado a un sector restringido y colocado inodoros de plástico sobre las escalinatas. Allí exhibieron carteles con la consigna «Senadores no se caguen en el agua, la Ley de Glaciares no se toca».

Los abogados de Greenpeace cuestionaron esa reconstrucción de los hechos. Afirmaron que los testimonios, las cámaras de seguridad y el material audiovisual incorporado al expediente no muestran candados ni policías durante el inicio de la protesta. Según la defensa, la descripción utilizada para sostener el procesamiento no coincide con parte de la prueba reunida. También insistieron en que la acción fue pacífica y no provocó daños materiales.

Qué plantea la defensa de los activistas

Uno de los principales cuestionamientos apunta al delito de desobediencia. Los abogados sostienen que esa figura requiere una orden concreta dirigida a una persona determinada. Según su presentación, durante la protesta no existió una disposición de esas características. Esa interpretación deberá ser evaluada ahora por la Cámara Federal.

La defensa también rechazó la imputación por violación de domicilio. Argumentó que las escalinatas exteriores de un edificio público no pueden equipararse a un domicilio a los efectos de esa figura penal. «El Congreso no es el domicilio de nadie», señalaron los letrados. También remarcaron que los manifestantes no opusieron resistencia cuando intervino la policía.

Según la apelación, tampoco hubo afectación del tránsito, de terceros ni del funcionamiento del Congreso. La protesta consistió en una intervención con inodoros de plástico y carteles vinculados con la protección de glaciares y fuentes de agua. «No hubo daños materiales, enfrentamientos ni resistencia cuando llegó la policía», sostuvo la defensa.

Los abogados también buscaron situar la protesta dentro de un reclamo más amplio. Señalaron que más de 102.000 personas se habían inscripto para participar de una audiencia pública vinculada con la modificación de la Ley de Glaciares. Según el planteo, finalmente pudieron intervenir menos de 200. Además, afirmaron que cerca de 900.000 personas acompañaron posteriormente un reclamo judicial relacionado con la norma.

La Cámara Federal deberá resolver ahora si confirma, modifica o revoca los procesamientos dictados por Martínez de Giorgi. Los 12 activistas continúan imputados mientras se revisa la decisión. El procesamiento no implica una condena ni establece responsabilidad penal definitiva sobre los hechos investigados.