El Gobierno anunció que dará prioridad presupuestaria al desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia durante 2027. La decisión fue formalizada mediante una instrucción del presidente Javier Milei al ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo es asegurar recursos para avanzar con ese proyecto y otras iniciativas vinculadas con la Seguridad Nacional. La medida se conoció en medio de una nueva escalada diplomática por las Islas Malvinas.

La Oficina del Presidente informó que el proyecto deberá ocupar un lugar prioritario dentro del Presupuesto 2027. Ese texto será enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre. El comunicado indicó que la intención es financiar proyectos que permitan fortalecer la defensa del territorio y proteger intereses estratégicos. También mencionó expresamente la preservación de los recursos naturales.

La Base Naval Integrada está proyectada en Ushuaia y busca ampliar la presencia argentina en el Atlántico Sur. El complejo también apunta a convertir a la ciudad fueguina en una plataforma logística con proyección hacia la Antártida. El Gobierno considera ambas metas parte de una misma estrategia de defensa y posicionamiento territorial.

Milei había vinculado recientemente el proyecto con los cambios en el escenario geopolítico internacional. El Presidente sostuvo que las grandes potencias competirán cada vez más por recursos estratégicos. También advirtió que «la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia». A partir de esa perspectiva, planteó la necesidad de reforzar la capacidad argentina en el Atlántico Sur.

El Gobierno también avanzará contra cinco petroleras

El anuncio presupuestario coincidió con otra medida relacionada con Malvinas. El Gobierno informó que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Las firmas mencionadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.. Según la comunicación oficial, algunas de ellas habrían recibido permisos británicos para buscar y extraer hidrocarburos en la zona. El Gobierno sostiene que esas actividades se realizan sin autorización argentina.

La acusación se apoyará en la Ley 26.659, que establece sanciones para actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin permiso nacional. El planteo también alcanzará a personas vinculadas con las compañías que hayan intervenido en los hechos investigados. La eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.

La medida se suma a los procedimientos sancionatorios anunciados previamente por la Cancillería contra 45 personas humanas y jurídicas. El Gobierno busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer su respuesta frente a operaciones que considera ilegítimas en el área disputada. Con la Base Naval como prioridad presupuestaria, la administración de Javier Milei procura reforzar al mismo tiempo la presencia argentina en el Atlántico Sur.