La Justicia federal investiga a dos jóvenes de 19 y 22 años por la presunta planificación de ataques armados contra establecimientos educativos de Chaco y Corrientes, luego de recibir una advertencia del FBI sobre consultas realizadas mediante inteligencia artificial. Los sospechosos fueron detenidos durante un operativo de Gendarmería Nacional en Presidencia Roque Sáenz Peña y posteriormente quedaron bajo arresto domiciliario preventivo. Los investigadores intentan determinar si existía un proyecto concreto para cometer los atentados, que habrían tenido como fecha prevista el 28 de octubre de 2026.

La investigación comenzó a finales de septiembre, cuando la agencia estadounidense informó a las autoridades argentinas sobre un usuario que había realizado consultas relacionadas con ataques a instituciones educativas. Según explicó el fiscal federal Carlos Martín Amad, los mensajes incluían referencias a posibles agresiones contra alumnos y docentes. El reporte permitió localizar una conexión a internet en Presidencia Roque Sáenz Peña e iniciar las tareas para identificar a los responsables.

Qué encontraron durante los allanamientos en Chaco

El operativo fue autorizado por el juez federal subrogante Fernando Carbajal, después de que los investigadores identificaran los domicilios vinculados con los sospechosos. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y distintos elementos que podrían aportar información sobre las amenazas. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no encontraron armas de fuego ni explosivos.

Entre los materiales incautados también aparecieron dos agendas con anotaciones que llamaron la atención de los investigadores. Según las primeras evaluaciones, contenían coordenadas correspondientes a dos establecimientos educativos de Presidencia Roque Sáenz Peña y uno de la ciudad de Corrientes, además de referencias a armas y posibles vías de escape. Los efectivos encontraron cuchillos, herramientas cortantes y un recipiente metálico vacío que también fueron incorporados a la investigación.

El fiscal Amad explicó que la información recibida desde Estados Unidos motivó la intervención judicial ante la posibilidad de que existiera una amenaza concreta. La investigación incluyó el análisis de redes sociales, la localización de las conexiones digitales y tareas de seguimiento para establecer la identidad de los usuarios. Los resultados permitieron avanzar con los allanamientos y la detención de los dos jóvenes.

Los sospechosos aseguraron que se trataba de una broma

Después de ser detenidos, ambos jóvenes declararon ante la Justicia y sostuvieron que las amenazas habían sido «una broma». Pese a esa explicación, se dispuso que permanecieran bajo arresto domiciliario preventivo mientras se realizaban nuevas medidas de investigación. Al momento de las primeras declaraciones públicas del fiscal, todavía no se había formalizado una imputación penal y la causa permanecía bajo secreto de sumario.

Los investigadores también ordenaron peritajes sobre los dispositivos electrónicos y las anotaciones secuestradas para establecer el alcance de las conversaciones. Entre los puntos que buscan esclarecer aparece la posible existencia de preparativos materiales. Así como la identidad de los establecimientos mencionados y el grado de participación de cada sospechoso. Además, se dispusieron evaluaciones psicológicas y psiquiátricas como parte de las medidas judiciales.

El papel de la inteligencia artificial en la investigación

El caso comenzó a partir de un reporte del FBI sobre consultas realizadas en ChatGPT, una plataforma de inteligencia artificial que permite mantener conversaciones mediante instrucciones escritas. De acuerdo con la información judicial difundida, uno de los usuarios habría manifestado su intención de cometer ataques y asegurado que disponía de armas y otros elementos peligrosos. Sin embargo, esas afirmaciones no fueron corroboradas mediante el hallazgo de armas de fuego o explosivos durante los allanamientos.

La investigación deberá determinar si las conversaciones digitales estaban vinculadas con preparativos reales o si se trató de manifestaciones que no llegaron a convertirse en un plan ejecutable. La intervención de las autoridades estadounidenses permitió identificar a los sospechosos y reunir elementos para profundizar las averiguaciones. La Justicia deberá establecer si existen pruebas suficientes para atribuirles responsabilidad penal por las amenazas investigadas.