El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 79 episodios de vulneración de derechos humanos y la muerte de al menos cuatro personas privadas de libertad durante septiembre de 2026. La organización no gubernamental, con sede en México, denunció graves deficiencias en la atención médica, falta de alimentos y represalias contra los reclusos. Los casos fueron documentados a partir de testimonios de familiares, denuncias públicas y reportes sobre las condiciones del sistema penitenciario cubano.

El informe identificó irregularidades en 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal distribuidos en 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Camagüey, La Habana y Mayabeque concentraron la mayor cantidad de denuncias, especialmente en las prisiones Kilo 7, Kilo 8 y Quivicán. La organización contabilizó 93 acontecimientos relacionados con personas detenidas, de los cuales 79 fueron clasificados como vulneraciones de derechos fundamentales.

Cuatro muertes y denuncias por falta de atención médica

Entre los principales problemas detectados, el CDPC registró 27 denuncias por negación de atención médica, 26 relacionadas con el estado de salud de los presos y 19 vinculadas con la alimentación. También documentó 15 episodios de restricciones a las comunicaciones y nueve relacionados con traslados penitenciarios. La organización identificó a 72 personas afectadas individualmente, además de 23 denuncias que involucraron a poblaciones penitenciarias completas.

Uno de los fallecidos fue el preso político Florentino Morono Torres, quien murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara, en Las Tunas. Según el informe, había sufrido un infarto en su celda dos días antes y no recibió atención médica oportuna. Otro caso fue el de Reinier Ramírez Domínguez, quien falleció en La Habana después de obtener una licencia extrapenal cuando su estado de salud ya estaba gravemente deteriorado por una tuberculosis.

La organización también recogió denuncias sobre las muertes de Denisen Omar Sierra y otro recluso identificado como Abelito, ambos vinculados con la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Según los testimonios recibidos, los fallecimientos estuvieron relacionados con la falta de alimentos y cuadros graves de desnutrición. El CDPC señaló que también recibió información sobre otros diez presos en estado crítico por problemas alimentarios, aunque esos casos continuaban bajo investigación.

Castigos, restricciones y denuncias de malos tratos

El relevamiento incluyó denuncias de golpizas, aislamiento y suspensión de visitas contra personas que protestaron por sus condiciones de detención. En distintas cárceles también se reportaron brotes de enfermedades como tuberculosis, hepatitis y dengue, además de problemas con el suministro de agua potable. Los detenidos por razones políticas y quienes padecen enfermedades crónicas o infecciosas figuraron entre los grupos más afectados.

Entre los episodios documentados aparece el caso del preso político Roberto Pérez Fonseca, quien, según la organización, fue agredido en la prisión de Quivicán y posteriormente enviado a una celda de castigo por manifestarse contra las autoridades. También se registraron denuncias de internos que sufrieron restricciones para comunicarse con sus familiares y acceder a tratamientos médicos. El informe identificó situaciones de maltrato atribuidas a funcionarios penitenciarios en diferentes establecimientos.

El CDPC advirtió que las cifras representan solamente una parte de las situaciones que ocurren dentro del sistema carcelario cubano. La organización atribuyó las dificultades para verificar todos los casos a la falta de información oficial y a las restricciones de acceso para observadores independientes. Según sus registros, estas condiciones impiden conocer con precisión la cantidad total de personas afectadas por las denuncias de abusos y deficiencias penitenciarias.