La creación y difusión de imágenes sexuales falsas de estudiantes mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) motivó denuncias en distintos colegios argentinos y puso en discusión las consecuencias de estas prácticas. En el Colegio Modelo Lomas, de Lomas de Zamora, la Justicia identificó a 45 alumnas afectadas por la manipulación de fotografías que las mostraban desnudas. Episodios similares también fueron denunciados en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde estudiantes señalaron la circulación y presunta comercialización de imágenes de sus compañeras.

En el establecimiento de Lomas de Zamora, las familias denunciaron que un grupo de alumnos habría utilizado fotografías obtenidas de redes sociales para generar contenido sexual falso. Las imágenes fueron difundidas en plataformas digitales y sitios para adultos, en algunos casos acompañadas por los nombres de las adolescentes. La investigación judicial derivó en la imputación de dos estudiantes de 15 años, mientras que los investigadores avanzaron con el análisis de los dispositivos electrónicos para determinar cómo se produjo y distribuyó el material.

Las denuncias en los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también involucraron imágenes reales y manipuladas digitalmente que habrían sido compartidas y vendidas entre estudiantes. En el Carlos Pellegrini, alumnas y familiares denunciaron amenazas después de que se conociera la existencia de grupos dedicados a distribuir ese contenido. Los casos generaron reclamos para que las instituciones educativas investigaran lo ocurrido y adoptaran medidas de protección para las estudiantes afectadas.

La inteligencia artificial y una nueva forma de violencia sexual

El uso de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas, conocidas como deepfakes, permite modificar fotografías de personas sin su consentimiento. Estas herramientas pueden generar representaciones de desnudez a partir de imágenes convencionales, aunque las situaciones retratadas nunca hayan ocurrido. Su difusión puede afectar la intimidad, la reputación y el bienestar psicológico de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que las mujeres y las niñas se encuentran entre las principales afectadas por la violencia digital. Entre las prácticas identificadas aparecen el ciberacoso, las amenazas, la suplantación de identidad y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La expansión de herramientas capaces de fabricar imágenes cada vez más realistas también dificulta identificar el contenido manipulado y frenar su circulación una vez que llega a internet.

En una columna publicada por Clarín, la periodista Silvia Fesquet abordó los episodios ocurridos en establecimientos educativos y cuestionó que la vergüenza y el temor recaigan sobre las adolescentes afectadas. La autora advirtió que las víctimas pueden experimentar angustia e impotencia incluso cuando las imágenes difundidas son completamente falsas. También destacó la importancia de que las escuelas y las familias trabajen sobre el consentimiento. Además del respeto y las responsabilidades vinculadas con el uso de tecnologías digitales.

Qué establece la legislación argentina sobre la violencia digital

En Argentina, la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia contra las mujeres dentro de la Ley 26.485. La normativa contempla la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de imágenes íntimas o de desnudez, tanto reales como editadas digitalmente. También reconoce conductas como el acoso, las amenazas, la vigilancia y la divulgación no autorizada de información personal.

La legislación permite que la Justicia ordene a plataformas digitales y redes sociales retirar contenidos que constituyan violencia digital. Además de establecer medidas de protección para las personas afectadas. La aplicación de sanciones penales depende de las circunstancias de cada caso y de las figuras previstas en la legislación vigente. Y es que la Ley Olimpia no creó por sí misma un delito penal específico. Las denuncias en establecimientos educativos también plantean la necesidad de contar con protocolos institucionales y herramientas de educación sobre consentimiento, privacidad y respeto en internet.