El Gobierno argentino puso en marcha un procedimiento internacional contra el Reino Unido por las actividades petroleras vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La estrategia se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y apunta primero a constituir un tribunal arbitral específico para analizar la controversia. Mientras ese cuerpo se integra, Argentina podría recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a frenar las actividades.

La decisión fue instruida por el presidente Javier Milei y comunicada por la Cancillería a fines de septiembre. Argentina intimó al Reino Unido a adoptar en un plazo de dos semanas las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en el área en disputa. Londres rechazó el planteo y sostuvo que las actividades vinculadas con las islas se realizan de acuerdo con el derecho internacional.

Cómo funciona el arbitraje que inició Argentina

La CONVEMAR establece distintos mecanismos para resolver controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de sus normas. Argentina eligió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar como su opción preferida, mientras que el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia. Como ambos países no seleccionaron el mismo mecanismo, la Convención prevé recurrir al arbitraje contemplado en su Anexo VII.

Ese procedimiento requiere la conformación de un tribunal integrado por cinco árbitros. Argentina designa uno al iniciar el proceso y el Reino Unido cuenta con 30 días desde la recepción de la notificación para elegir al suyo. Los tres integrantes restantes deben ser acordados entre las partes y uno de ellos tendrá a su cargo la presidencia del tribunal.

La falta de acuerdo no impide que el procedimiento continúe. El propio Anexo VII contempla mecanismos para designar a los árbitros restantes si uno de los Estados no cumple con los plazos o si las partes no consiguen consensuar los nombres. Una vez integrado, el tribunal podrá analizar tanto los argumentos de fondo como cualquier objeción sobre su competencia.

Por qué podría intervenir el Tribunal del Mar

La conformación del tribunal arbitral puede demandar tiempo y la CONVEMAR contempla una instancia para situaciones consideradas urgentes. Argentina anticipó que, si el Reino Unido no suspende las actividades vinculadas con Sea Lion, podría solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Esa intervención tendría carácter cautelar y no resolvería todavía la disputa principal.

Para adoptar medidas, el Tribunal del Mar debe considerar de manera preliminar que el tribunal arbitral tendrá competencia y que existe una situación suficientemente urgente. Las decisiones pueden apuntar a preservar los derechos de las partes o impedir daños graves al medio marino mientras continúa el procedimiento. Cuando el tribunal arbitral quede finalmente constituido, podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.

Argentina ya utilizó un mecanismo similar en 2012 durante el conflicto por la retención de la Fragata ARA Libertad en Ghana. Mientras se conformaba un tribunal del Anexo VII, el país recurrió al organismo con sede en Hamburgo y obtuvo una medida provisional que ordenó la liberación del buque. Ese antecedente corresponde a una controversia diferente, pero muestra cómo funciona la instancia cautelar prevista por la Convención.

Sea Lion, el proyecto que está en el centro de la disputa

Sea Lion se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Las compañías alcanzaron la decisión final de inversión y proyectan comenzar a producir petróleo durante 2028. El desarrollo inicial contempla 23 pozos, de los cuales 16 serían productores, seis inyectores de agua y uno estaría destinado a la inyección de gas.

Argentina considera que la explotación de recursos naturales en las áreas marítimas en disputa requiere su autorización y sostiene que las actividades desarrolladas unilateralmente vulneran sus derechos. Al ratificar la CONVEMAR en 1995, el país dejó expresamente asentada su posición sobre la cuestión de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. El Reino Unido sostiene una interpretación opuesta y defiende la legalidad de las licencias concedidas para la actividad petrolera.

El conflicto internacional se desarrolla en paralelo con acciones administrativas y judiciales dentro de Argentina. Una causa ambiental tramitada ante la Justicia Federal de Río Grande dispuso que Navitas y Rockhopper se abstengan de realizar determinados actos materiales vinculados con Sea Lion hasta completar una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. También existen procedimientos administrativos y causas penales relacionadas con compañías y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las cuencas próximas a las islas.

Una disputa que todavía debe atravesar varias etapas

La apertura del arbitraje no implica que el Tribunal del Mar ya esté interviniendo ni que exista una decisión internacional contra el Reino Unido. Primero deben cumplirse los pasos establecidos por la CONVEMAR para integrar el tribunal de cinco árbitros y determinar qué cuestiones podrá analizar. La eventual presentación en Hamburgo funcionaría como una vía provisional mientras ese proceso continúa.

El resultado dependerá de las posiciones que presenten ambos Estados, de las objeciones sobre la competencia del tribunal y de la forma en que se encuadre jurídicamente la controversia sobre Sea Lion. Argentina busca que la explotación petrolera sea examinada dentro de los mecanismos internacionales previstos por la Convención. El Reino Unido, por su parte, mantiene su rechazo al planteo argentino y defiende las actividades autorizadas en torno a las islas.