El Ministerio Público Fiscal de Chubut presentó una acusación contra cinco mujeres por una presunta estafa que habría perjudicado a 594 personas mediante falsas promesas de acceso a viviendas sociales en Comodoro Rivadavia. La principal imputada es Vanesa Elizabeth Fita, hermana del diputado provincial y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Chubut, Gustavo Fita. Según la investigación, la maniobra habría generado movimientos de dinero superiores a los 60 millones de pesos entre abril de 2023 y febrero de 2024.

La acusación fue formulada por el fiscal Martín Cárcamo, quien atribuyó a Fita la organización de un esquema destinado a captar familias que necesitaban acceder a una vivienda. La mujer se habría presentado como intermediaria de una cooperativa y asegurado que tenía contactos con funcionarios provinciales capaces de gestionar adjudicaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La Fiscalía sostiene que no contaba con autorización legal ni con los recursos necesarios para concretar las operaciones ofrecidas.

Cómo funcionaba la presunta estafa con viviendas sociales

De acuerdo con la investigación, las personas interesadas debían realizar un pago inicial de 100.000 pesos para incorporarse al supuesto programa habitacional. De ese monto, 80.000 pesos estaban destinados presuntamente a gestiones ante el IPV y los otros 20.000 correspondían a conexiones eléctricas. Sin embargo, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con las acusadas, sin que existieran adjudicaciones efectivas.

Después de realizar los pagos, las familias eran incorporadas a grupos de WhatsApp donde recibían información sobre trámites, documentación y posibles fechas de entrega. Las imputadas también habrían organizado reuniones presenciales para sostener la confianza de los interesados y justificar las demoras mediante supuestos inconvenientes administrativos. Según el fiscal, estas comunicaciones permitieron prolongar el engaño y captar a nuevas personas.

La investigación reunió denuncias de damnificados, comprobantes de transferencias, conversaciones digitales y registros obtenidos durante distintos allanamientos. Cárcamo explicó que se analizaron aproximadamente 700 gigabytes de información y que al menos 400 operaciones cuentan con documentación bancaria que respalda la acusación. Los investigadores también detectaron movimientos superiores a los 60 millones de pesos, que no se correspondían con las actividades económicas declaradas por las imputadas.

La relación política y las penas que solicita la Fiscalía

La principal acusada es hermana de Gustavo Fita, diputado provincial y presidente del justicialismo chubutense. Según testimonios incorporados a la causa, Vanesa Fita afirmaba contar con el respaldo de funcionarios vinculados con la gestión del exgobernador Mariano Arcioni para facilitar la entrega de viviendas. Sin embargo, el fiscal aclaró que la investigación descartó la participación de funcionarios provinciales en la maniobra denunciada, por lo que esas afirmaciones forman parte del presunto engaño atribuido a las acusadas.

Además de Fita, la acusación alcanza a María Victoria Curán, Camila Lara Páez, Lucía Lorena Miranda y Gisela Belén Mansilla, a quienes se atribuyen distintos niveles de participación. La Fiscalía considera a Fita presunta autora de los 594 hechos investigados y a las otras cuatro mujeres partícipes necesarias de una cantidad menor de operaciones. Para la principal imputada se solicitó una pena de entre seis y ocho años de prisión, mientras que los pedidos para las restantes acusadas varían según las responsabilidades atribuidas.

El Ministerio Público Fiscal calificó los hechos como estafa por calidad simulada e influencia mentida. Una figura vinculada con engaños basados en aparentar determinadas condiciones o contactos para obtener beneficios económicos. Con la presentación de la acusación, el organismo solicitó que la causa avance hacia un juicio por jurados. Aunque todavía debe atravesar las instancias judiciales correspondientes. La responsabilidad penal de las cinco mujeres deberá determinarse durante el proceso, en el que tendrán oportunidad de ejercer su defensa.