La Justicia bonaerense investiga un presunto mecanismo de desvío de salarios en el Senado provincial que involucra a 39 empleados y que habría provocado un perjuicio cercano a los $300 millones, según las estimaciones iniciales. En octubre de 2026, diez exsenadores declararon como testigos y negaron conocer a las personas cuyos nombres figuraban en las tarjetas de débito investigadas. La causa, iniciada en 2024, busca determinar quiénes recibían el dinero retirado de esas cuentas.

Los investigadores identificaron como sospechosos a Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, quienes fueron registrados extrayendo efectivo en cajeros automáticos de La Plata con tarjetas correspondientes a empleados de la Cámara alta. Según la hipótesis judicial, los titulares de esas cuentas no percibían sus salarios, aunque conservaban la cobertura de la obra social IOMA y sus aportes jubilatorios. El procedimiento presenta similitudes con la maniobra atribuida a Julio «Chocolate» Rigau en la Cámara de Diputados bonaerense, aunque se trata de una investigación independiente.

La causa está a cargo del fiscal Juan Mennucci, quien recibió las declaraciones de diez exlegisladores que integraban el bloque Juntos, conformado por dirigentes del radicalismo y Pro. Todos aseguraron desconocer a los 39 empleados investigados y fueron consultados sobre el procedimiento utilizado para realizar nombramientos en el Senado. Según fuentes legislativas citadas por La Nación, los senadores seleccionaban a los integrantes de sus equipos, pero no firmaban personalmente las designaciones.

Detalles del caso

Uno de los elementos centrales de la investigación es un peritaje económico que permanecía pendiente al 18 de octubre de 2026. El análisis busca identificar posibles transferencias de dinero que permitan establecer si Muguerza y Ortellado entregaban los fondos a otras personas. La Justicia investiga el presunto delito de peculado y sospecha que el mecanismo podría haber funcionado durante aproximadamente 15 años.

Las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de Muguerza y Ortellado no aportaron información relevante para la investigación. Sin embargo, los investigadores también intentaban acceder al contenido de un tercer dispositivo que todavía no había podido ser examinado. Ese análisis, junto con los resultados del peritaje económico, podría aportar información sobre los posibles destinatarios del dinero retirado de las cuentas.