Un grupo de 26 productores rurales presentó un amparo contra la Municipalidad de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires. Reclaman acceso a documentación sobre la recaudación y el destino de distintas tasas municipales. El conflicto escaló luego de que la comuna informara que reproducir todo el material solicitado costaría $959.400. Los productores también cuestionaron que parte de esa información ya existe en formato digital.

La acción fue presentada por el abogado Pablo Torres Barthe y se apoya en el derecho de acceso a la información pública. Los productores habían pedido rendiciones de cuentas, balances, anexos y libros de ingresos y egresos correspondientes a 2023, 2024, 2025 y 2026. También reclamaron datos específicos sobre servicios vinculados con el sector rural. Entre ellos aparecen el mantenimiento de caminos, la seguridad y la expedición de guías.

Según consta en la presentación judicial, el municipio informó que la documentación solicitada reunía 1.845 fojas. La administración encabezada por Javier Andres propuso que los interesados consultaran el material personalmente en dependencias municipales. También fijó en $520 el valor de cada fotocopia. Reproducir la totalidad de las páginas demandaría así $959.400.

Los productores objetaron ese procedimiento porque parte de los registros ya se encuentra digitalizada. La propia Municipalidad reconoció que los libros de ingresos y egresos no están impresos, ya que son remitidos digitalmente al Tribunal de Cuentas. Por eso, el amparo solicita que la documentación disponible en ese formato sea entregada de la misma manera. El planteo busca evitar costos que los demandantes consideran innecesarios.

El foco está puesto en los caminos rurales

Uno de los principales reclamos apunta a conocer cuánto se destinó a conservar, reparar y mejorar la red vial municipal entre 2023 y 2026. El municipio respondió que su sistema contable organiza los gastos mediante partidas presupuestarias. Según esa explicación, no existe una identificación individual de las erogaciones asociadas a cada tasa. Por ese motivo, la comuna sostuvo que no dispone de documentación que permita discriminar los gastos exclusivamente por concepto tributario.

Los productores cuestionan esa respuesta y aseguran que necesitan esos datos para evaluar el servicio recibido. En particular, pusieron el foco sobre la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de Calles y Caminos Rurales Municipales. «Este servicio en particular es el que más nos preocupa», señalaron en el escrito. El partido posee unas 590.000 hectáreas y cerca de 2.500 kilómetros de caminos.

En Adolfo Alsina, la tasa vial se calcula mediante una fórmula que combina el precio del gasoil común con los valores del novillo y del trigo. El resultado fija un monto anual por hectárea, pagado en seis cuotas bimestrales. Los demandantes sostienen que el servicio tiene una relación directa con quienes viven y trabajan en zonas rurales. Por eso reclaman conocer tanto el destino de los fondos como la calidad de las prestaciones.

Javier Andres, intendente de Adolfo Alsina, afirmó que el municipio respondió al pedido original y negó que hubiera existido una negativa de acceso. «No tenemos ningún inconveniente en que se conozca cuánto recauda el municipio, cómo se usan los recursos y qué trabajos se hacen», sostuvo. También señaló que esa apertura incluye la información relacionada con la tasa vial.

Las cifras cuestionadas por los productores

El amparo también analiza la recaudación de la tasa de Marcas y Señales. Según la rendición publicada por el municipio, al 1° de julio de 2026 se habían recaudado $313.984.688,05. Los productores relacionaron esa cifra con 4.875 trámites registrados y calcularon un promedio de $64.407,11 por operación. Consideran elevado ese monto y reclaman conocer con mayor detalle cuál fue el destino de esos recursos.

Otro punto del planteo corresponde a los gastos de la red vial durante los primeros dos bimestres de 2026. En la rendición de caminos rurales figura un gasto identificado como «YPF» por $165.354.222,37. Los productores estimaron que, si todo correspondiera a gasoil a $2.400 por litro, equivaldría a unos 68.897 litros. Bajo su propio supuesto de consumo, sostienen que esa cantidad permitiría cubrir alrededor de 1.900 kilómetros de caminos.

Esos cálculos forman parte de los argumentos presentados por los demandantes y no constituyen una constatación judicial sobre el uso efectivo de los fondos. El objetivo del amparo es conseguir la información que, según los productores, todavía no fue entregada de manera suficiente. La Justicia deberá resolver ahora el planteo de acceso a la documentación municipal.