La fiscalía federal consideró que pueden incorporarse nuevas pruebas sobre el patrimonio de María Soledad Calle, empresaria y militante de La Cámpora. Calle compró el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en el edificio de San José 1111. La mujer ya era investigada junto con el sindicalista Abel Furlán por presunta administración fraudulenta de fondos de la UOM.

El dictamen fue firmado por el fiscal federal Ramiro González, quien reemplaza temporalmente a Eduardo Taiano. González entendió que las nuevas denuncias forman parte de la hipótesis delictiva investigada desde marzo. Por eso, consideró innecesario ampliar formalmente la acusación antes de producir nuevas medidas de prueba.

Con esa interpretación, el juez Julián Ercolini puede ordenar las diligencias que considere necesarias dentro del expediente. Entre ellas aparecen varias medidas solicitadas por los denunciantes. La fiscalía no afirmó que los nuevos hechos estén probados ni se pronunció sobre la responsabilidad de los investigados.

Qué nuevas operaciones quieren investigar

Los denunciantes Ángel Derosso, Pablo González y Gerardo Piva realizaron una ampliación de su presentación el 26 de agosto. Solicitaron investigar contratos vinculados con la UOM y su obra social, además de distintos bienes atribuidos a Calle. También pidieron analizar si organismos estatales de control tuvieron conocimiento o intervención en las operaciones cuestionadas.

Uno de los contratos señalados vincula a la empresa USEM SA con la obra social OSUOMRA. Los denunciantes quieren determinar su impacto sobre el patrimonio sindical y sobre las prestaciones brindadas. También incorporaron información periodística sobre sociedades, inmuebles y otros bienes adquiridos por Calle.

González consideró que estos elementos serían «distintas aristas de la maniobra original» investigada desde comienzos de año. La hipótesis inicial refiere a presuntos actos de administración fraudulenta sobre fondos de la Unión Obrera Metalúrgica. Según la acusación, los responsables habrían perjudicado los intereses económicos cuya administración tenían encomendada.

La compra del departamento volvió a poner a Calle bajo la lupa

El caso adquirió mayor repercusión tras conocerse que Calle compró una propiedad en San José 1111. El departamento está ubicado debajo del domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Tras conocerse esa operación, los denunciantes pidieron incluso que la propiedad sea allanada.

También aportaron información sobre 114 viajes internacionales realizados por Calle entre 2010 y 2026. Los destinos mencionados incluyen Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. Además, señalaron la compra de un BMW M135 X Drive y la existencia de dos propiedades en Campana.

Esos datos forman parte de las presentaciones realizadas por los denunciantes y todavía deben ser evaluados judicialmente. Su incorporación no implica que los bienes tengan origen ilícito. La investigación deberá determinar si existe alguna relación entre ese patrimonio y las presuntas maniobras bajo análisis.

La causa comenzó por un contrato de la UOM

La denuncia original fue presentada por dirigentes enfrentados con Furlán dentro de la organización sindical. Según esa presentación, el dirigente habría cedido parte del manejo financiero de recursos de la UOM a USEM. Los denunciantes sostienen que la empresa estaba vinculada con dirigentes ligados a La Cámpora, entre ellos Calle.

La acusación afirma que USEM recibía más de $100 millones mensuales provenientes de aproximadamente 200.000 afiliados. También cuestiona si existió una contraprestación equivalente por esos pagos. A partir de esa denuncia, Ercolini ordenó distintas medidas, incluido un allanamiento en la sede sindical.

La causa fue impulsada inicialmente durante marzo y continúa en etapa de investigación. El nuevo dictamen no modifica la situación procesal de Calle ni de Furlán. Su efecto principal es permitir que el juez analice nuevas pruebas sin necesidad de abrir una acusación separada.