La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo para cerrar una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra un exdirectivo de Télam. La decisión alcanza a Luis Omar Giménez y a su pareja, Romina Elisa Falcón. El expediente analiza bienes, viajes y otros movimientos patrimoniales registrados durante más de una década.

La Sala IV, integrada por Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó una queja presentada por las defensas. Los jueces consideraron que la resolución cuestionada no podía ser revisada en esta etapa. De esta manera, el expediente continuará su trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 8.

Giménez trabajó en la agencia estatal desde 1980 y llegó a ocupar una subgerencia vinculada con logística e ingresos. Paralelamente, encabezó el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN). Esa doble función fue uno de los aspectos examinados cuando la Oficina Anticorrupción impulsó la investigación en 2018.

Qué patrimonio analiza la causa

La acusación sostiene que Giménez habría registrado un incremento patrimonial apreciable e injustificado entre 2007 y 2019. Los investigadores analizaron inmuebles, vehículos, operaciones con dólares, viajes al exterior y otros gastos. La pesquisa busca determinar si esos movimientos resultaban compatibles con los ingresos declarados durante ese período.

Entre los vehículos examinados aparecen un Rover, un Renault Laguna, un Volkswagen Vento, una Hyundai Genesis y un Audi. También se contabilizaron 33 viajes al exterior realizados entre 2007 y 2017. La investigación incorporó además distintas operaciones de compra de moneda extranjera.

Parte de la pesquisa se extendió a bienes registrados a nombre de terceros. Uno de los casos involucra a otro empleado de Télam que habría otorgado amplias facultades de administración a Giménez. Posteriormente, esa persona adquirió un chalet y un departamento con cochera en Wilde.

Según los antecedentes del expediente, uno de esos inmuebles habría sido comprado por USD 55.000 en efectivo. El titular registral percibía entonces un salario cercano a los $10.000, según la investigación. Ese movimiento fue incorporado para determinar si existió algún mecanismo destinado a ocultar patrimonio.

A Falcón se le atribuye haber actuado como persona interpuesta para registrar parte del supuesto incremento patrimonial. Esa hipótesis forma parte de la acusación que deberá ser examinada durante el proceso. La reciente resolución de Casación no se pronunció sobre la responsabilidad penal de ninguno de los acusados.

Por qué la defensa pidió cerrar el expediente

Los abogados plantearon una excepción de falta de acción por inexistencia de delito. Argumentaron que Giménez no habría tenido condición de funcionario público durante algunos períodos incluidos en la acusación. Esa condición resulta relevante para determinar la posible aplicación del delito de enriquecimiento ilícito.

La causa fue elevada a juicio en 2020 y quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal N° 8. Ese tribunal rechazó el planteo de la defensa el 16 de julio. Consideró que la discusión sobre las funciones de Giménez debía resolverse durante el juicio y no mediante un cierre anticipado.

La defensa intentó recurrir esa decisión, pero el tribunal oral rechazó el recurso de casación el 21 de agosto. Los abogados acudieron entonces directamente ante la Sala IV mediante una queja. Hornos y Borinsky entendieron que tampoco correspondía habilitar esa instancia.

Los camaristas señalaron que la resolución no era una sentencia definitiva ni impedía continuar con el proceso. También consideraron que la defensa no demostró un perjuicio imposible de reparar posteriormente. Por esos motivos, rechazaron la queja con costas y mantuvieron abierta la causa.