El Gobierno informó que durante 2026 recibió más de $5.381 millones por sanciones aplicadas a embarcaciones extranjeras. Los casos corresponden a buques que, según la Secretaría de Agricultura, operaron irregularmente dentro de aguas bajo jurisdicción argentina. La administración de Javier Milei enmarcó los procedimientos dentro de una política de mayor fiscalización de los recursos pesqueros.

En total, el Estado percibió $5.381.374.680 en concepto de compensaciones derivadas de esas infracciones. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca definió el criterio aplicado como una política de «tolerancia cero». El objetivo oficial es reforzar los controles dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Qué buques fueron sancionados

La sanción más reciente alcanzó al Hai Xiang 2, una embarcación con bandera de Vanuatu. Según el Gobierno, el buque fue detectado operando dentro de la ZEEA. La medida se aplicó mediante la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Por situaciones similares también fueron sancionados los buques Bao Feng y Bao Win, ambos con bandera de Vanuatu. A la lista se agregó el Coimbra, registrado en Portugal. Las compensaciones cobradas por estos procedimientos integran el monto total informado por el Gobierno.

La Secretaría sostuvo que los controles buscan garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera dentro de la jurisdicción argentina. También apuntan a proteger los recursos marinos y a la actividad desarrollada por la flota nacional. Los fondos obtenidos permiten además recuperar recursos para el Estado tras los incumplimientos detectados.

El sector pesquero respaldó los controles

Desde la industria valoraron las medidas implementadas por las autoridades nacionales y las fuerzas encargadas de vigilar el área marítima. Eduardo Boiero, presidente de Capeca, calificó los procedimientos como «un avance muy positivo». También destacó el trabajo realizado por la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Subsecretaría de Pesca.

El empresario sostuvo, sin embargo, que permanece pendiente el control de la actividad desarrollada fuera de la jurisdicción nacional. La denominada zona adyacente concentra numerosos buques extranjeros que operan cerca del límite de la ZEEA. Su actividad representa uno de los principales desafíos para la administración de los recursos pesqueros.

Boiero planteó la necesidad de alcanzar acuerdos con los países de origen de esas embarcaciones. El objetivo sería regular el esfuerzo pesquero en esa zona y reducir el riesgo de incursiones dentro de aguas argentinas. Para el sector, ese sería el próximo paso después del fortalecimiento de los controles internos.

El Gobierno busca así consolidar la fiscalización sobre una actividad estratégica para el país. Las sanciones aplicadas durante 2026 ya generaron compensaciones superiores a $5.381 millones. La discusión ahora se concentra en cómo ampliar la protección hacia las áreas ubicadas inmediatamente fuera de la jurisdicción argentina.