El Gobierno nacional deberá cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y recomponer los programas de becas estudiantiles. La nueva intimación fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien además rechazó el planteo presentado por el Poder Ejecutivo para cuestionar la decisión anterior.

El magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, mantuvo el criterio que había establecido el 22 de septiembre y volvió a exigir al Estado que acredite el cumplimiento de la cautelar. En caso de incumplimiento, la resolución contempla la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas.

La decisión se conoció este miércoles, en el inicio de un paro nacional de 72 horas de docentes universitarios que se extenderá hasta el viernes. La medida de fuerza reclama, entre otros puntos, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La cautelar alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero establece un mecanismo de actualización para los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, mientras que el segundo contempla la recomposición de los programas de becas para estudiantes.

En su nueva resolución, Cormick consideró que la documentación presentada por el Ejecutivo permite acreditar solamente un “cumplimiento parcial” de la medida respecto de los salarios. El juez sostuvo que no quedó demostrado que los incrementos hayan sido calculados de acuerdo con el mecanismo de actualización establecido por la ley.

Para fundamentar su posición, tomó como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y señaló que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%. Según el magistrado, no surge de la documentación presentada por el Gobierno que se haya alcanzado ese incremento.

El Ejecutivo sostiene una interpretación diferente. En su presentación ante la Justicia afirmó que otorgó un aumento salarial acumulado del 226,8% desde diciembre de 2023, que consideró superior a la inflación correspondiente al período tomado como referencia, y señaló además que había reabierto las negociaciones paritarias y realizado una propuesta adicional del 3%.

La discusión también alcanza a las becas estudiantiles. Cormick consideró que el Gobierno tampoco acreditó el cumplimiento completo del artículo 6, que contempla la recomposición de los programas previstos por la ley.

Entre ellos se encuentran las becas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería. Según el análisis del juez, en la documentación presentada por el Ejecutivo solamente aparecen medidas vinculadas con la Beca Manuel Belgrano.

El Gobierno había planteado que, según su interpretación, los programas Progresar y Enfermería no estaban comprendidos por el régimen establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. Cormick rechazó ese argumento para evaluar el cumplimiento de la cautelar y concluyó que lo informado por el Ejecutivo tampoco alcanza para dar por cumplida la medida.

El Gobierno había apelado

Además de pedir que se revoque la intimación, el Poder Ejecutivo había presentado una apelación subsidiaria para llevar la discusión ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Cormick decidió no conceder ese recurso en esta instancia.

El magistrado explicó que las sanciones económicas previstas ante un eventual incumplimiento todavía no fueron aplicadas. Por ese motivo, consideró que no existe actualmente un agravio concreto que habilite la apelación subsidiaria.

La nueva resolución se conoce mientras continúa el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas. Los docentes iniciaron este miércoles un paro de 72 horas, hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo de la recomposición salarial y de la aplicación de la Ley 27.795.

La medida cautelar había sido dictada previamente y quedó firme luego de las instancias judiciales correspondientes. Ahora, con la nueva intimación, el Ejecutivo vuelve a tener un plazo de cinco días para acreditar ante la Justicia el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con los salarios universitarios y las becas.