El fiscal federal Franco Picardi volvió a reclamar al Ministerio de Economía información sobre los funcionarios que intervenían en la aprobación de importaciones durante la vigencia de las SIRA. El pedido apunta al período 2022-2023, cuando Sergio Massa estaba al frente del Palacio de Hacienda. La fiscalía fijó un plazo de 72 horas y calificó el requerimiento como urgente. También insistió ante el juez Ariel Lijo para avanzar con medidas sobre empresarios vinculados a la investigación.

La causa busca determinar si existió un circuito irregular para autorizar importaciones y acceder a dólares al tipo de cambio oficial. Según la hipótesis fiscal, algunos permisos habrían sido facilitados a cambio de comisiones de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones. También se investigan presuntas maniobras posteriores con esas divisas en mercados alternativos. Hasta el momento, esas acusaciones forman parte de una investigación judicial y no constituyen hechos probados.

Picardi ya había solicitado información a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa el 17 de julio. El organismo respondió, pero el fiscal consideró que los datos enviados no cubrieron todo lo requerido. Por eso reiteró el pedido con un nuevo plazo de 72 horas. La fiscalía quiere conocer quiénes tenían autorización para aprobar, observar o rechazar las solicitudes.

El requerimiento también apunta a identificar el cargo y el alcance de los permisos de cada usuario habilitado para operar en el Sistema Informático Malvina. La plataforma concentraba la tramitación de declaraciones vinculadas al comercio exterior. Picardi busca reconstruir además los criterios utilizados para intervenir sobre las SIRA. Entre ellos figuran parámetros administrativos, variables y condiciones para aprobar o frenar operaciones.

Las empresas y los intermediarios bajo análisis

La fiscalía puso especial atención sobre las solicitudes presentadas por NEMES S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C. y Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A.. El objetivo es identificar a todos los funcionarios o usuarios que intervinieron en esos expedientes. También se solicitaron fechas, características de cada intervención y datos sobre eventuales aprobaciones, observaciones o rechazos.

NEMES había importado autoelevadores y repuestos por US$54.600. En la causa existen conversaciones en las que Ariel Saponara, en representación de la empresa, contactó a Martín Migueles para pedir ayuda con el trámite. Según esos mensajes incorporados al expediente, se discutieron costos, márgenes y la inminente aprobación de las declaraciones. Héctor “Pipo” Caputto también habría participado de esas gestiones.

La Secretaría de Comercio confirmó ante la Justicia que NEMES fue una de las compañías que concretó importaciones con acceso al dólar oficial. Durante 2023, esa dependencia estuvo dirigida por Matías Tombolini. El exsecretario fue sobreseído por las acusaciones vinculadas con esta causa. La investigación continúa sobre otros actores y posibles intermediarios.

La fiscalía también incorporó listados de llamadas de Caputto y Patricio Guido Marre. Ambos son señalados en la hipótesis del expediente como posibles nexos entre empresarios y quienes podían destrabar permisos. Ahora se busca establecer la titularidad de los números telefónicos que mantuvieron comunicaciones con ellos en fechas consideradas relevantes. El propósito es determinar si existieron contactos con funcionarios.

Picardi también pidió levantar secretos bancarios y fiscales

En paralelo, Picardi volvió a reclamar por tercera vez que se levanten los secretos fiscal, bancario y bursátil de seis investigados. El pedido alcanza a Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma COWDIN S.A.. El fiscal recordó que ya había solicitado esa medida en abril y junio.

Juan Ignacio Napoli preside el Banco de Valores y fue candidato a senador nacional por La Libertad Avanza en 2023. Su nombre ingresó al expediente a partir de un sumario del Banco Central vinculado con una operatoria financiera investigada. La hipótesis sostiene que hubo compra de dólares al tipo de cambio oficial, adquisición de bonos y posterior venta a través del mercado MEP. Voceros de su compañía afirmaron que la operación involucró a una casa de cambio autorizada y se realizó a valores de mercado.

COWDIN S.A., dedicada a maquinaria vial y equipamiento pesado, también fue mencionada en la investigación. La empresa figura entre las compañías que concretaron importaciones con acceso al dólar oficial. Los investigadores llegaron a ella a partir de un número de expediente mencionado en conversaciones incorporadas a la causa. No aparece directamente en los chats peritados.

La fiscalía también reiteró pedidos de información a cinco sociedades de bolsa que todavía no habían respondido. Se trata de Global Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Mateo y Marchioni SB Agente de Mercado S.A., C.A. Teully & Co. S.A. e Industrial Valores S.A.. Esas firmas tendrán un plazo máximo de 72 horas para enviar la documentación solicitada.

La investigación reúne maniobras que, según la hipótesis fiscal, abarcarían unos US$1.400 millones, nueve bancos, 90 casas de cambio y alrededor de 200 personas. El expediente también incluye posibles irregularidades en la tramitación de SIRA durante el cepo cambiario. Ahora, uno de los pasos centrales será determinar quiénes tenían capacidad efectiva para aprobar esos permisos desde el Estado.