La explotación petrolera en las Islas Malvinas quedó en el centro de la nueva estrategia del Gobierno argentino, que busca impedir que avancen proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago. Para eso, el Ejecutivo prepara un proyecto de ley con nuevas sanciones y apuesta a conseguir el acompañamiento de países aliados.

El canciller Pablo Quirno explicó que la medida anunciada por Javier Milei en cadena nacional no surgió de una decisión tomada de manera repentina. Según detalló, se trata de “un trabajo de meses” que ahora entra en una nueva etapa con la preparación de una iniciativa para llevar al Congreso.

El funcionario señaló además que el objetivo de la política oficial es concreto: “el objetivo principal es evitar que se haga explotación hidrocarburíferas en las Malvinas”. Desde que Milei presentó las medidas, Quirno afirmó que comenzó a recibir llamados de empresas por las posibles consecuencias de la decisión.

La búsqueda de respaldo fuera del país también forma parte de la estrategia. “Esperamos que los países amigos nos apoyen”, sostuvo el canciller, mientras que aseguró que distintas entidades empresariales y productivas acompañan la posición del Gobierno.

Quirno mencionó entre ellas al G6, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural. “Tanto el G6, como la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural y otras entidades también nos apoyan. Las Malvinas son un objetivo común a todos”, afirmó.

El proyecto que prepara el Ejecutivo tendrá a la Cancillería como autoridad de aplicación, una definición que Quirno vinculó directamente con la naturaleza del conflicto. “Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y esperamos poder presentarla en el Congreso lo antes posible”, aseguró.

La iniciativa forma parte del paquete anunciado por Milei, que incluye un endurecimiento de las sanciones contra las compañías petroleras que desarrollen actividades en las islas. El Presidente también planteó la posibilidad de aplicar un juicio en ausencia contra quienes participen de operaciones consideradas contrarias a la posición argentina.

Durante su discurso, Milei aseguró que la Argentina utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía”. En ese marco, afirmó que la Cancillería ya había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con distintos proyectos en las islas.

El mandatario también marcó una línea directa para las compañías que evalúen participar de esas actividades. “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, advirtió.

La disputa tiene como uno de sus principales focos al proyecto Sea Lion, que contempla la extracción de petróleo frente a las Islas Malvinas. Las empresas involucradas sostienen que cuentan con las licencias correspondientes y que, pese a los anuncios argentinos, mantienen sus planes de explotación.