El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que incluirá, entre otras medidas, la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia a quienes participen de operaciones no autorizadas en las Islas Malvinas. La propuesta apunta especialmente a endurecer las consecuencias para empresas y proveedores vinculados con la explotación de recursos naturales en el territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

La figura ya existe en la legislación argentina, pero actualmente tiene un alcance limitado. Fue incorporada en 2025 para determinados delitos de extrema gravedad, por lo que la iniciativa oficial plantea extender su utilización a un escenario diferente: la defensa de los recursos naturales en un territorio en disputa.

Javier Milei hizo el anuncio durante la cadena nacional del jueves, al referirse al proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según sostuvo, la explotación podría comenzar en los próximos meses y advirtió que, si la Argentina no actúa, las empresas vinculadas al proyecto tendrán capacidad para extraer petróleo de las reservas ubicadas bajo el mar.

“El juicio en ausencia” será una de las herramientas que el Gobierno pretende incorporar a la nueva legislación. El proyecto también contempla modificaciones a la Ley 26.659, con mayores sanciones para compañías y proveedores, además de la posibilidad de impedirles contratar en la Argentina.

¿Qué significa el juicio en ausencia?

El juicio en ausencia permite que una persona acusada sea sometida a un proceso penal aunque no se encuentre presente físicamente, siempre que se cumplan determinadas condiciones. En la Argentina, esta herramienta fue incorporada mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025.

La norma no habilitó su utilización para cualquier delito. Su aplicación quedó limitada a casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras conductas comprendidas por el Estatuto de Roma, además de determinados delitos vinculados con la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

La legislación establece además que el mecanismo puede utilizarse en causas por delitos cometidos en territorio argentino, cuando sus efectos se produzcan allí o en lugares sometidos a jurisdicción nacional, así como en determinados hechos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas mientras desempeñan sus funciones.

Para avanzar con un juicio en ausencia deben cumplirse determinadas garantías. Entre ellas se encuentran la declaración de rebeldía del acusado, el conocimiento que este tenga del proceso y la realización de intentos razonables para localizarlo y lograr su captura.

El sistema también contempla garantías para la defensa. El acusado debe contar con defensa técnica, el debate debe quedar registrado audiovisualmente y, si la persona finalmente aparece, existe la posibilidad de solicitar la realización de un nuevo juicio bajo las condiciones previstas por la ley.

Qué busca cambiar el Gobierno con la nueva ley

El anuncio de Milei plantea llevar esta herramienta a un ámbito que actualmente no está contemplado por la legislación: las operaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

La iniciativa oficial se suma a otras medidas anunciadas por el Presidente para reforzar las sanciones previstas en la Ley 26.659. Además, Milei firmó un decreto para agilizar su aplicación y dispuso mediante un DNU avanzar con una base naval en Tierra del Fuego.

El planteo del Gobierno aparece en medio de la disputa por la explotación de hidrocarburos en las islas, donde empresas vinculadas al gobierno británico avanzan con proyectos offshore. En ese contexto, la Casa Rosada busca ampliar las herramientas legales disponibles para sancionar a compañías que participen de actividades que la Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos.

El antecedente de la causa AMIA

El principal antecedente de la aplicación del juicio en ausencia en la Argentina es la causa por el atentado contra la AMIA. En junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas habilitó este mecanismo para avanzar contra varios acusados que permanecen prófugos y no fueron extraditados a la Argentina.

La Cámara Federal confirmó posteriormente ese criterio y la causa avanzó hacia la instancia de juicio oral. Rafecas consideró que los acusados habían sido declarados rebeldes hacía años y que, pese a conocer que eran buscados por la Justicia argentina, no se habían presentado ante los tribunales.

Entre los acusados se encuentran Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

La investigación sostiene que el atentado fue planificado desde las máximas estructuras del régimen iraní y que contó con apoyo logístico y operativo de Hezbollah en la Argentina y la Triple Frontera. El próximo 10 de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal escuchará el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa oficial.

El caso AMIA funciona así como el primer antecedente concreto de la utilización de esta figura en el país. La propuesta anunciada por Milei busca ahora ampliar su alcance a otro tipo de hechos, vinculados con la explotación de recursos naturales y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.