La Justicia Federal ordenó la detención de 16 integrantes y exintegrantes de la Policía de Misiones por su presunta participación en la desaparición de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008. La investigación sostiene que el joven habría sido privado ilegítimamente de su libertad, mantenido de manera clandestina en una dependencia policial y sometido a violencia física. Otro sospechoso permanece prófugo y continúa vigente una recompensa de $5 millones por información que permita conocer el paradero de Golemba.

Las detenciones fueron dispuestas por la jueza federal María Verónica Skanata a pedido de la fiscal federal de Posadas Silvina Gutiérrez. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Gendarmería Nacional Argentina y se realizaron en distintos puntos de Misiones. Entre los acusados hay policías que continúan en actividad y otros que ya se encuentran retirados.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal señala que los efectivos habrían utilizado la estructura de la comisaría de Dos de Mayo para mantener a Golemba bajo una custodia que no quedó asentada oficialmente. La acusación atribuye distintos grados de responsabilidad según las funciones que cada uno cumplía dentro de la dependencia. Hasta el momento no se encontraron restos del joven ni pudo determinarse qué ocurrió con él después de aquella presunta detención.

La Fiscalía investiga un «pacto de silencio institucional»

Uno de los ejes de la investigación es la posible existencia de lo que la Fiscalía definió como un «pacto de silencio institucional». Según la acusación, habría comenzado después de la desaparición y se habría sostenido durante los años posteriores para impedir que se conociera el destino de Golemba. Los investigadores consideran que las conductas analizadas formaron parte de un mismo esquema y no de actuaciones independientes.

Entre los elementos mencionados aparecen la ausencia de registros sobre una eventual detención, versiones coincidentes aportadas por integrantes de la fuerza y contradicciones entre actuaciones administrativas y judiciales. También se investiga si se instalaron explicaciones alternativas que pudieron apartar las pesquisas de la hipótesis de una detención clandestina. Todos esos puntos deberán ser analizados durante el avance del expediente y bajo las garantías correspondientes para los imputados.

La causa se tramita como una posible desaparición forzada, delito considerado permanente mientras se desconozca el destino de la víctima. Por esa razón, la Fiscalía sostiene que una eventual responsabilidad no quedaría limitada a quienes habrían intervenido directamente en la privación de libertad o en hechos de violencia. También analiza la conducta de aquellos funcionarios que pudieron haber conocido la situación y omitido denunciarla o intervenir para ponerle fin.

Quiénes fueron detenidos

Entre los imputados figuran el comisario retirado Evaldo Katz, los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft, y el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz. También aparecen el secretario José Roberto Pereyra Da Silva, el chofer Alejandro Alfonso González Samudio y Wiliams Gabriel Lunge, actualmente destinado a Seguridad Vial.

La nómina se completa con Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar, Diego Armando Amarilla, Alfredo Lorenzo Ortiz, Cristian Andrés Silva, Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer. Silva, Ferreyra y Pellizer se encuentran retirados. Una persona más vinculada con la investigación permanece prófuga y tiene pedido de captura.

La desaparición de Mario Golemba

Golemba tenía 27 años cuando salió de la casa familiar de Picada Indumar, en Dos de Mayo, para asistir a una consulta con una nutricionista en Oberá. Después del turno se comunicó por mensaje con familiares y con su pareja para avisar que regresaría durante la tarde. Nunca volvió y desde entonces no hubo información concluyente sobre su paradero.

La investigación comenzó en la Justicia provincial y durante años no consiguió establecer qué había ocurrido. Testigos de identidad reservada declararon posteriormente que el joven habría permanecido detenido en la comisaría de Dos de Mayo y que habría sido golpeado. Esos testimonios modificaron el rumbo de la causa y reforzaron la hipótesis de una intervención policial.

En 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a la familia, el expediente pasó a la Justicia Federal de Posadas. La Fiscalía Federal N° 2 continúa a cargo de la investigación con intervención del Centro de Reunión de Información Misiones de Gendarmería. También colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas.