La Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos presentados por la defensa del suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain y dejó vigentes actuaciones vinculadas con una investigación por presunto abuso de autoridad. El magistrado, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, buscaba por un lado el cierre de ese expediente y, por otro, la nulidad de distintas medidas de prueba. Salmain también se encuentra procesado en la denominada causa Attila y enfrenta un procedimiento ante el Consejo de la Magistratura.

La investigación por abuso de autoridad surgió durante el avance del caso Attila, en el que se analiza una medida cautelar dictada por Salmain a favor de Attila Fideicomisos SRL, vinculada al financista Fernando Whpei. Aquella resolución ordenó al Banco Central de la República Argentina permitir que la compañía accediera al mercado de cambios para adquirir y transferir USD 10 millones al exterior. La Justicia investiga si detrás de esa decisión existió un acuerdo para el pago de un soborno.

Whpei declaró como imputado colaborador y sostuvo que Salmain, con la supuesta intermediación del escribano Santiago Busaniche, habría acordado recibir USD 200.000 a cambio de favorecer la operación. Según la acusación, el monto representaba alrededor del 10% de la diferencia que entonces existía entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas. Salmain negó las imputaciones formuladas en su contra.

El origen de la causa por abuso de autoridad

Durante la investigación de Attila se realizaron procedimientos destinados a obtener documentación y dispositivos vinculados con el expediente. En ese contexto, personal de la Policía de la Ciudad interceptó al magistrado en Buenos Aires y secuestró su teléfono celular. También se realizaron medidas sobre el Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

Mientras la causa se encontraba bajo secreto de sumario y Salmain figuraba como uno de sus principales investigados, el juez intentó obtener información sobre los procedimientos. Para ello envió oficios a autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Cámara Federal de Rosario. Los documentos fueron confeccionados con membretes, firmas y sellos institucionales y remitidos desde el correo oficial de su dependencia.

La Fiscalía interpretó esa conducta como un posible uso de la estructura del tribunal para acceder a información de una investigación en la que el propio magistrado estaba involucrado. A partir de allí se abrió la imputación por abuso de autoridad. La defensa respondió con una excepción de falta de acción y sostuvo que los hechos atribuidos no constituían delito.

El juez federal de garantías Román Lanzón rechazó ese planteo y la decisión fue posteriormente confirmada por el tribunal de revisión de Rosario. La defensa llevó entonces el caso hasta Casación. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos desestimaron la queja al considerar que la continuidad del proceso no constituye una sentencia definitiva que habilite esa instancia.

También rechazaron un pedido para anular pruebas

La segunda presentación cuestionaba las medidas realizadas durante el inicio de la investigación. La defensa pidió declarar nulos el secuestro de dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos obtenidos durante los procedimientos practicados en el juzgado. Argumentó que esas actuaciones habían afectado derechos vinculados con la intimidad, las comunicaciones y la confidencialidad propia de la función judicial.

Casación también rechazó ese recurso. De acuerdo con la resolución, la defensa no logró refutar de manera concreta los argumentos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad utilizados para justificar las medidas. El tribunal aclaró, de todos modos, que la validez de esas pruebas podrá volver a discutirse si el expediente llega a juicio oral.

Salmain permanece además procesado en la causa Attila por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También tiene dictada prisión preventiva, cuya ejecución quedó condicionada a la eventual pérdida de sus fueros. El magistrado continúa suspendido en sus funciones mientras avanzan las distintas actuaciones.

Otra investigación y el proceso disciplinario

El juez fue imputado además en otra causa en la que se investiga un presunto pedido de USD 100.000 a Carlos Vaudagna, exdirector regional del organismo recaudador nacional en Santa Fe. Vaudagna declaró como imputado colaborador y afirmó que el dinero habría sido solicitado a cambio de protección judicial. Salmain rechazó también esa acusación.

En paralelo, el magistrado decidió continuar con el procedimiento abierto ante el Consejo de la Magistratura en lugar de presentar su renuncia. Allí se analizarán hechos relacionados con la causa Attila y otro cargo referido a información que habría omitido en su currículum sobre una desvinculación previa del Poder Judicial. El resultado de ese proceso determinará si corresponde avanzar con una eventual destitución.