La Policía Federal Argentina recuperó más de 200 documentos históricos que estaban por ser subastados en una casa de remates de la Ciudad de Buenos Aires. El lote, ofrecido con un precio inicial de USD 100.000, incluía cartas, libros, recortes periodísticos y fotografías vinculadas a figuras centrales de la historia argentina.

El operativo fue realizado por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales. El Ministerio de Seguridad Nacional impulsó la pesquisa y apuntó a una casa de subastas ubicada sobre Rodríguez Peña al 1700.

Entre el material secuestrado figuran escritos atribuidos al general José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid. Todo el lote quedó bajo resguardo judicial hasta que se realicen las pericias correspondientes.

Cómo detectaron la subasta

Según informó la PFA, la investigación se inició a partir del monitoreo de páginas de subastas y compraventa en línea. El seguimiento estuvo a cargo del Departamento Protección del Patrimonio Cultural, que detectó la publicación del lote en un sitio web de acceso público.

La oferta incluía documentos de valor histórico vinculados a instituciones y organismos del Estado nacional y provincial. Para los investigadores, la tipografía, los sellos y la datación de las piezas mostraban indicios de una posible infracción a la Ley N° 15.930, que regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación.

Esa normativa, sancionada en 1961, establece mecanismos de protección para documentos considerados de valor histórico. En ese marco, el Estado puede intervenir cuando detecta bienes de interés público cuya comercialización pueda afectar el patrimonio documental del país.

Intervino el juzgado de Ariel Lijo

Con la información reunida, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Y ordenó una presentación con allanamiento en subsidio en el local donde se ofrecía el material. La medida se realizó con intervención de la Secretaría N° 7, a cargo de Diego Fernando Arce.

Tras el procedimiento, los documentos se trasladaron a una dependencia policial en calidad de depósito judicial. El material quedó a disposición exclusiva de la Justicia, que deberá determinar su autenticidad, procedencia y eventual pertenencia al patrimonio histórico nacional.

El secuestro de estas piezas volvió a poner el foco en el tráfico y la comercialización de bienes culturales. En este tipo de casos, el valor económico de los documentos queda subordinado a su importancia histórica. Y a la necesidad de preservar archivos que forman parte de la memoria pública argentina.