La disputa judicial por los bonos atados al crecimiento volvió a complicar a la Argentina en Londres. Un tribunal británico ordenó inmovilizar activos soberanos vinculados al país hasta la próxima audiencia del caso, prevista para el 21 de abril, en el marco del fallo adverso por el litigio del cupón PBI en euros. La medida alcanza a activos asociados a la República Argentina que estén bajo control del Lloyds Bank.

La decisión se da dentro de una causa por la que el país enfrenta una obligación de pago cercana a los USD 1.800 millones. El dato fue difundido por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, quien precisó que la corte londinense dispuso el congelamiento hasta la próxima instancia judicial.

Qué se discute en el caso

El expediente fue impulsado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald. Los demandantes cuestionan el cambio en la metodología de cálculo del PBI que se aplicó durante el gobierno de Cristina Kirchner y sostienen que esa modificación redujo pagos que debían activarse por los bonos emitidos en 2005 y 2010.

La Justicia de Londres entendió que esa decisión perjudicó a los inversores. En el centro del reclamo está la modificación introducida en 2013 sobre la medición del producto bruto, un cambio que terminó alterando el resultado que definía si correspondía o no pagar esos cupones ligados al crecimiento.

Sin más instancias y con una garantía ya ejecutada

Según el planteo citado en el texto base, la Argentina ya no tendría nuevas instancias legales para revertir el fallo en esa jurisdicción. En ese marco, los beneficiarios de la sentencia ya pudieron ejecutar una garantía por 313 millones de euros que el país había depositado para apelar la resolución, recurso que finalmente fue rechazado.

Mientras tanto, la estrategia oficial buscó frenar el reconocimiento del fallo en Estados Unidos. En febrero se presentó en una corte del Distrito de Columbia un pedido de desestimación del proceso, con la intención de bloquear avances sobre el cobro. Desde la Procuración del Tesoro sostuvieron entonces que el país seguía resistiendo la ejecución de la sentencia y defendiendo su posición con base en la inmunidad soberana contemplada por la legislación estadounidense.

La búsqueda de activos fuera del país

La presión judicial no se limitó al fallo principal. Días después, la Justicia británica también ordenó al Estado argentino entregar documentación financiera y contractual vinculada a activos en el exterior. El tribunal reclamó detalles sobre acuerdos con compañías petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias fuera del país.

Esa medida se encuadra en el proceso de discovery, una herramienta orientada a localizar bienes o activos que puedan quedar alcanzados por embargos para garantizar el cumplimiento de la sentencia. En otras palabras, el objetivo es identificar qué recursos podrían ser utilizados para ejecutar el fallo si el conflicto sigue sin resolverse.

El origen de una deuda que sigue abierta

La deuda en discusión proviene del cupón vinculado al PBI, un instrumento creado durante el canje de deuda de 2005 bajo la conducción de Roberto Lavagna. Ese mecanismo otorgaba pagos extra a los bonistas si el crecimiento anual superaba determinado umbral hasta 2035.

El conflicto se profundizó después de que el Gobierno dejara de pagar en 2011, cuando no se alcanzó el nivel de crecimiento exigido. Más adelante, con la nueva metodología del Indec, se informó una expansión inferior al umbral necesario para activar el pago. Según los demandantes, con la base anterior el resultado habría sido distinto y los tenedores de esos warrants debían cobrar.

Un frente externo que sigue complicando

Los acreedores también sostienen que la Argentina no coopera con las medidas ordenadas para ejecutar la deuda y que tampoco afronta los intereses diarios acumulados. En ese escenario, remarcan que el país debería normalizar sus atrasos externos antes de pensar en una vuelta a los mercados internacionales de crédito.

El congelamiento dispuesto ahora en Londres vuelve a mostrar que el caso sigue abierto y con consecuencias concretas. A la espera de la audiencia del 21 de abril, la causa del cupón PBI suma otro capítulo adverso para la Argentina. Y en uno de los frentes judiciales más sensibles del endeudamiento externo.