El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se presentó este martes en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el organismo, pero se negó a declarar ante la Justicia. El exfuncionario compareció ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, aunque optó por no responder preguntas ni presentar un escrito. En cambio, solicitó que se realice un peritaje sobre los audios que dieron origen a la investigación.

En la misma jornada también fue indagado Daniel María Garbellini, quien se desempeñaba como segundo en la estructura del organismo y adoptó la misma postura: se negó a declarar y no entregó documentación.

La causa involucra a 34 imputados y apunta a un esquema de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Según la resolución judicial, “se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas”, en el que empresas simulaban competir entre sí para quedarse con licitaciones previamente acordadas.

El expediente también avanza sobre un segundo circuito de desvío de fondos detectado en los últimos meses. De acuerdo con el dictamen del fiscal Picardi y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, se habrían desviado más de $75.000 millones del Estado en beneficio de un grupo reducido de empresas proveedoras.

“Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”, sostuvo el fiscal en su pedido de indagatoria.

La investigación abarca el período comprendido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, cuando el organismo dependía del Ministerio de Salud de la Nación. Según los fiscales, durante ese tiempo se habrían concretado acuerdos indebidos entre funcionarios y actores privados vinculados a droguerías y proveedores de insumos médicos.

El juez Lijo dispuso además la inhibición general de bienes de los imputados, al considerar que existe riesgo de que intenten desprenderse de activos que podrían estar vinculados a los hechos investigados.

La ronda de indagatorias continuará en los próximos días con otros implicados, mientras la causa sigue sumando elementos sobre un entramado que combina funcionarios públicos y empresarios bajo sospecha.