Especialistas en impuestos vinculados al sector agropecuario reclamaron una reforma integral del esquema tributario durante un encuentro realizado en la 138ª Exposición Rural de Palermo. La actividad fue organizada por la Comisión de Impuestos de la Sociedad Rural Argentina y reunió distintos planteos sobre retenciones, tributos provinciales, quebrantos y regímenes de control. Los expositores coincidieron en que la carga vigente reduce la competitividad y dificulta la planificación de las empresas del campo.

El abogado y contador Matías Olivero Vila aseguró que cerca del 60% de la rentabilidad agropecuaria se destina al pago de impuestos, una estimación formulada durante su exposición. También propuso avanzar con mecanismos de transparencia fiscal que permitan identificar cuánto representan los tributos dentro del precio final de los productos. Según sostuvo, una mayor visibilidad ayudaría a que los consumidores conozcan el peso de la carga impositiva en cada operación.

Retenciones e incentivos para la inversión

Santiago Sáenz Valiente cuestionó la estructura tributaria actual y consideró que algunos de sus componentes afectan principios constitucionales. Como contrapunto, valoró la puesta en marcha del Régimen de Inversiones para Empresas Pequeñas y Medianas, conocido como RIMI, porque facilita inversiones de menor escala en tecnología. También destacó los cambios en la amortización de bienes semovientes y en la valuación de la hacienda de invernada.

El especialista se refirió además a los derechos de exportación y planteó que deberían eliminarse cuando las cuentas públicas alcancen un equilibrio sostenido. Reconoció las reducciones aplicadas y la previsión de nuevas bajas hacia 2028, pero consideró que la derogación debe mantenerse como objetivo. El pedido coincide con uno de los principales reclamos que las entidades rurales sostienen frente al Gobierno nacional.

El contador Lisandro Balestra concentró su análisis en los impuestos provinciales, especialmente en Ingresos Brutos. Afirmó que su impacto se extiende a toda la cadena industrial y comercial, con efectos directos sobre los productores. También sostuvo que una eventual modificación del Convenio Multilateral resultaría insuficiente porque el problema, según su planteo, se encuentra en la propia base imponible utilizada por las provincias.

Quebrantos y controles bajo revisión

Otro de los puntos analizados fue el tratamiento de los quebrantos acumulados por los productores. Osvaldo Balan advirtió que la falta de actualización por inflación reduce su valor y puede generar situaciones que calificó como confiscatorias. Ante las limitaciones de las normas vigentes, señaló que algunos contribuyentes podrían recurrir a la Justicia para reclamar una revisión.

Mariano Echegaray Ferrer pidió actualizar el Sistema Simplificado Agrícola, al que describió como un régimen de control desfasado frente a la operatoria actual. El contador reclamó procedimientos que permitan anticipar inconsistencias y corregirlas antes de que generen sanciones o costos adicionales. Aclaró que el planteo apunta a simplificar y racionalizar los controles, sin eliminar las obligaciones de los contribuyentes.

En el cierre, Echegaray Ferrer sostuvo que los cambios deberían orientarse tanto a reducir tributos como a reorganizar el sistema completo. Consideró que la superposición de normas, controles y cargas administrativas también afecta el margen de las empresas agropecuarias. Los especialistas dejaron así una agenda que combina la eliminación futura de las retenciones, la revisión de impuestos provinciales y la modernización de los regímenes fiscales.