La Cámara Federal porteña ordenó identificar con «extrema celeridad» cuáles de las cerca de 200 cajas de seguridad ubicadas en la sede de Sur Finanzas, en Adrogué, tienen relación con la investigación penal contra su titular, Ariel Vallejo. El objetivo es separar aquellas que podrían contener documentación o bienes vinculados con la causa de las contratadas por clientes ajenos al expediente. Una vez realizada esa distinción, estos últimos podrían recuperar el acceso a sus pertenencias.

Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun resolvieron por mayoría anular una decisión de la magistrada María Eugenia Capuchetti, quien había mantenido una consigna policial frente al inmueble. La medida impedía el ingreso y la salida de personas desde el allanamiento realizado en diciembre de 2025. El camarista Eduardo Farah votó en disidencia y consideró razonable conservar la restricción mientras avanzaban las medidas de prueba.

Cómo deberán revisar las cajas de seguridad

El tribunal dispuso examinar los contratos celebrados entre la financiera y cada uno de los usuarios del servicio. Esa revisión deberá determinar qué cajas presentan interés para la pesquisa y cuáles pertenecen a personas sin relación con las maniobras investigadas. La consigna policial podrá mantenerse durante ese proceso si las autoridades consideran que continúa siendo necesaria para preservar pruebas.

La mayoría de la Cámara advirtió que la prolongación de la medida afecta «derechos concretos» de clientes que no están imputados ni vinculados con el expediente. También sostuvo que mantener el bloqueo sin comprobar el estado de las diligencias pendientes genera un perjuicio que debía ser atendido. La resolución no ordenó la apertura inmediata de todas las cajas, sino una evaluación individual para habilitar el acceso cuando no exista interés judicial.

Farah argumentó que el juzgado ya trabajaba para distinguir entre usuarios legítimos y cajas posiblemente relacionadas con los hechos. Según su voto, ese procedimiento incluía declaraciones testimoniales y un pedido de colaboración a la Gendarmería Nacional Argentina. Por ese motivo, entendió que la decisión de Capuchetti se ajustaba a las circunstancias de la investigación.

La causa por las supuestas maniobras cambiarias

El expediente se originó en una investigación iniciada en 2021 por presuntas operaciones de «rulo financiero». Según la hipótesis judicial, una empresa habría adquirido cerca de US$15 millones al tipo de cambio oficial mediante escrituras públicas falsificadas que simulaban obligaciones inexistentes. Las divisas habrían sido negociadas posteriormente en el mercado informal, donde su cotización era considerablemente superior.

Los investigadores sospechan que Vallejo, a través de casas de cambio, habría intervenido en varias de esas transacciones. Esa línea de pesquisa motivó el allanamiento de la sede central de Sur Finanzas y la posterior imposición de la custodia policial. La medida buscaba evitar movimientos en las cajas fuertes y de seguridad que pudieran comprometer documentación o activos de interés para la causa.

El planteo de la defensa y las otras investigaciones

La defensa de Vallejo, representada por el abogado Pablo Parera, había solicitado el levantamiento de la restricción el 27 de marzo. El juzgado dejó el planteo pendiente por la existencia de medidas probatorias todavía en curso. En la apelación, los abogados sostuvieron que el bloqueo impedía a los clientes cumplir con normalidad sus contratos y generaba un deterioro económico para la financiera.

La empresa también fue allanada en otros expedientes, entre ellos una causa que analiza vínculos comerciales entre la financiera, autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y distintos clubes. Esa investigación está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y es independiente de las presuntas maniobras cambiarias examinadas en el expediente de Capuchetti. La nueva resolución se limita a ordenar una pronta clasificación de las cajas de seguridad afectadas por la consigna policial.