La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) volvió a escalar y sumó un nuevo capítulo judicial de fuerte impacto. El fiscal Franco Picardi pidió que Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini sean indagados otra vez, al considerar que aparecieron nuevas maniobras dentro de un esquema que, según la acusación, funcionó con roles repartidos entre funcionarios y empresarios para direccionar compras millonarias.

El planteo también alcanza a otras 27 personas, entre ellas empresarios, directivos y operadores vinculados al negocio de insumos médicos de alto costo. Para la fiscalía, no se trató de hechos aislados ni de irregularidades administrativas dispersas, sino de una estructura organizada que habría desviado más de $75.000 millones del Estado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Una trama que, según la fiscalía, siguió creciendo

Picardi sostiene que durante ese período se montó dentro de la Andis una red que articuló intereses públicos y privados para beneficiar a un grupo reducido de proveedores. La hipótesis es que se manipuló el sistema de contratación, se inflaron precios, se simuló competencia y se generaron retornos económicos a partir del manejo discrecional de recursos que debían destinarse a personas con discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud.

La acusación es especialmente grave porque ubica el foco sobre fondos que tenían como destino a uno de los sectores más vulnerables. Según el fiscal, la maniobra perjudicó de manera directa a quienes dependen de prestaciones estatales para acceder a medicamentos, tratamientos e insumos médicos, en un área particularmente sensible de la asistencia pública.

Los nombres que ya estaban en la mira

Spagnuolo, ex titular de la Andis, ya había sido procesado en la causa por presunto cohecho, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. También quedó alcanzado por la figura de asociación ilícita en calidad de jefe, la misma imputación que pesa sobre Garbellini, ex número dos del organismo, el empresario y lobbista Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.

El esquema que describió antes el juez Sebastián Casanello, y que ahora profundiza Picardi, ubica a esos cuatro nombres como cabezas de una organización que se habría montado sobre la estructura estatal para direccionar negocios y concentrar beneficios económicos. La causa hoy quedó bajo la órbita de Ariel Lijo, aunque buena parte de la investigación central se apoya en lo ya acumulado durante la etapa anterior.

El sistema de compras, bajo sospecha

En el centro del expediente aparece el Siipfis, el sistema utilizado para administrar prestaciones y compras de alto costo dentro de la Andis. Según la fiscalía, esa herramienta fue manipulada para favorecer siempre a las mismas firmas. La acusación habla de compulsas direccionadas, fechas de pago anticipadas, acceso indebido al sistema y hasta entrega de claves oficiales para que personas ligadas a empresas pudieran operar desde adentro.

Para Picardi, la Andis terminó funcionando como una “ventanilla” administrada de forma discrecional para distribuir contratos fuera de los principios básicos de transparencia y control que deben regir en toda contratación pública. La fiscalía asegura que hubo una lógica permanente de favoritismo hacia proveedores afines, con una estructura aceitada para sostener ese circuito.

Más empresarios y más firmas en la investigación

El nuevo dictamen no solo busca volver a citar a los principales acusados. También amplía el mapa de involucrados con una larga lista de empresarios y directivos que, según la reconstrucción fiscal, habrían participado de la operatoria. Entre los nombres aparecen Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami. Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen y Máximo Ariel Perdiechizi, entre otros.

La lista sigue con Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués y Humberto Gabriel Maone. Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta. Para la fiscalía, detrás de estos nombres hay más de 20 empresarios y más de 30 firmas que habrían integrado el engranaje.

El antecedente de los audios y la causa paralela

El expediente tomó impulso hace meses a partir de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, donde se hablaba de un supuesto esquema de recaudación ilegal dentro de la Andis. En esas grabaciones incluso se mencionaba a Karina Milei, lo que le dio al caso una dimensión política todavía mayor. Sin embargo, tanto el ex funcionario como otras defensas cuestionaron ese material y reclamaron la nulidad de la causa.

Picardi sostuvo que no utilizó esos audios como prueba central para impulsar la investigación. Aun así, la Cámara Federal le ordenó a Casanello que despejara las dudas sobre el origen de ese material. Esa parte del asunto quedó ligada a un expediente paralelo, hoy en manos del fiscal Carlos Stornelli. Mientras la causa principal avanza sobre contrataciones, pagos y vínculos entre funcionarios y empresarios.

Con este nuevo pedido de indagatorias, la investigación entra en otra fase. No se trata solo de revisar el funcionamiento pasado de la Andis. Se busca de determinar si hubo una asociación ilícita con ramificaciones amplias y montada sobre un sistema de compras públicas. Debía asistir a personas con discapacidad y que, según la fiscalía, terminó siendo usado para otro fin.