La mayor investigación judicial abierta hasta ahora por presuntas maniobras de extorsión y fraude en torno al ex programa Potenciar Trabajo ya tiene una dimensión difícil de ignorar: 200 legajos en trámite, 213 imputados y un volumen de pruebas que empieza a mostrar un sistema aceitado de presión sobre beneficiarios vulnerables, manejo irregular de mercadería y uso presuntamente desviado de recursos públicos de planes sociales.

La causa está en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, y apunta contra referentes de distintos niveles de organizaciones sociales y piqueteras, entre ellas el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, MTR Histórico y el Movimiento Teresa Rodríguez. La hipótesis judicial es que, detrás de la estructura territorial de esas agrupaciones, funcionó una red de coacción sobre personas que dependían de la asistencia estatal para subsistir.

Marchas obligadas y miedo a perder el plan

Buena parte del expediente se sostiene sobre testimonios de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo que relataron, según consta en la causa, haber sido presionados para asistir a marchas, concentraciones y piquetes bajo amenaza de perder el plan social, la comida o el acceso al comedor. En varios casos, además, describieron sistemas de asistencia, faltas acumulables y castigos concretos para quienes dejaban de presentarse.

Los relatos incorporados por el juzgado son consistentes entre sí. Hablan de referentes barriales o delegados que actuaban como intermediarios entre la ayuda social y los beneficiarios, y que utilizaban ese control para exigir presencia en movilizaciones, aportes económicos y obediencia. Algunos testigos afirmaron que si no iban a una protesta, al día siguiente no podían entrar al comedor. Otros dijeron que les exigían entregar una parte del subsidio, ya fuera en efectivo o por transferencia. En varios testimonios aparece la misma idea: la amenaza no era simbólica, se cumplía.

Alimentos sin repartir y 2.500 kilos en mal estado

Los allanamientos ya ordenados en el marco de esta megacausa dieron otra dimensión al expediente. Hasta ahora hubo 24 procedimientos, en los que se secuestraron 104.000 unidades de alimentos sin distribuir, 2.500 kilos de mercadería en mal estado, 47 equipos informáticos y celulares, cien cajas con documentación y registros de asistencia, además de dinero en efectivo y armas.

La imagen más impactante de esos operativos fue la de los alimentos podridos y vencidos apilados en depósitos y comedores. Había leche en polvo, polenta, arroz, fideos, puré de tomate, lentejas, harina y dulce de batata. Productos destinados a familias que necesitaban asistencia urgente terminaron destruidos tras estudios bromatológicos que recomendaron su incineración por riesgo sanitario. En varios envases, según surge de la causa, figuraban leyendas que indicaban que esa mercadería provenía del Estado y tenía prohibida su venta.

Una estructura que va más allá de un comedor

La investigación no se limita a determinar si hubo alimentos retenidos o marchas compulsivas. Lo que intenta reconstruir el juzgado es un esquema más amplio de control social y utilización presuntamente irregular de recursos públicos. En esa línea, los testimonios mencionan que algunos referentes pedían también claves de acceso de Mi Argentina, ANSES o AFIP como supuesta formalidad para ingresar a la organización o completar trámites ligados a los programas.

Ese punto encendió otra alarma en la causa, porque abre la sospecha de que quienes manejaban la estructura territorial podían acceder a información sensible o incluso operar sobre sistemas estatales vinculados a los propios beneficiarios. A eso se suma lo que dijeron vecinos y asistentes de merenderos: que parte de la mercadería que llegaba desde Nación, Provincia o municipios no se distribuía entre quienes la necesitaban, sino que era cargada en vehículos y retirada del lugar.

Denuncias, más causas y una trama que sigue creciendo

El caso se activó a partir de más de 70 denuncias recibidas en la línea 134 del Ministerio de Seguridad, pero con el avance del expediente fueron apareciendo nuevas presentaciones y el número de imputados siguió creciendo. El juzgado habla ya de una multiplicidad de causas conectadas por una misma lógica: coacción sobre beneficiarios, defraudación a la administración pública y uso desviado de alimentos o fondos estatales.

En paralelo, el contexto judicial más amplio también empuja. El envío a juicio oral del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en otra causa por presuntas extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo y fraude con fondos públicos, consolidó un clima de ofensiva judicial sobre estructuras piqueteras. Belliboni sostiene que se trata de una operación política de la administración de Javier Milei para desacreditar a quienes enfrentan al Gobierno en la calle. Del otro lado, el juzgado de Armella busca probar si detrás de la militancia social funcionó un mecanismo de abuso sistemático sobre la necesidad ajena.

La prueba que definirá el caso

Por ahora, la causa está en una etapa de acumulación de evidencia, peritajes y análisis de la documentación secuestrada. Lo que se investiga no es una irregularidad aislada, sino una estructura que habría convertido planes sociales, alimentos y comedores en herramientas de disciplinamiento político y recaudación interna.

Las indagatorias llegarán cuando esa información termine de procesarse. Recién entonces empezará a definirse si la megacausa que hoy reúne 213 imputados logra transformarse en una acusación sólida o si parte de ese andamiaje se desarma en tribunales. Hasta acá, lo que ya quedó expuesto es otra cosa: que en nombre de la asistencia a los más pobres, la Justicia sospecha que pudo haberse montado un sistema para someterlos.