La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, sumó un nuevo paso judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó a la Oficina Anticorrupción la última declaración jurada presentada por el legislador para profundizar el análisis sobre la evolución de su patrimonio desde su llegada a la función pública.

La medida forma parte de una causa que busca determinar si existieron inconsistencias entre los bienes declarados, los ingresos percibidos y las obligaciones financieras informadas por Adorni durante los últimos años. El expediente tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y está a cargo del juez Sebastián Casanello.

Según la documentación incorporada a la investigación, Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta oportunidad modificó la valuación correspondiente al 50% de una vivienda ubicada en City Bell, que pasó de $67,5 millones a $52,6 millones. Además, declaró cinco cajas de ahorro con fondos por aproximadamente $2 millones.

La presentación se suma a una corrección anterior realizada en mayo, cuando informó el ingreso de una herencia valuada en $21 millones y actualizó distintos datos vinculados a su situación patrimonial.

Nuevas medidas de prueba

Durante las últimas semanas, la Justicia avanzó con distintas medidas para reconstruir la situación económica del legislador. A pedido de Marijuan, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener información sobre los cargos ocupados por Adorni, sus designaciones y los salarios percibidos desde 2023.

Los investigadores también solicitaron documentación relacionada con las declaraciones juradas presentadas en los distintos organismos donde desempeñó funciones públicas. El objetivo es establecer si existe correspondencia entre los ingresos obtenidos y el crecimiento de su patrimonio.

Como parte de la causa, se levantó además el secreto fiscal y bancario del legislador. La medida permitió acceder a información tributaria y financiera vinculada a cuentas, movimientos económicos y bienes registrados a su nombre.

Qué analiza la Justicia

La fiscalía puso el foco en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a ocupar cargos dentro de la administración nacional. Según el dictamen que impulsó la investigación, se busca determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados.

Para ello se requirió información a más de 30 organismos públicos, entre ellos ARCA, AGIP, ARBA, el Banco Central y la Dirección Nacional de Migraciones. Los pedidos incluyen datos sobre cuentas bancarias, impuestos, propiedades, vehículos, operaciones financieras y viajes al exterior.

Los cambios en su patrimonio

Una de las modificaciones que llamó la atención de los investigadores surgió a partir de las rectificaciones realizadas en 2025. En una primera declaración, Adorni había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al inicio del período y un pasivo de $57 millones al cierre.

Posteriormente corrigió esos datos y aseguró que la deuda inicial era de $45 millones. Con esa modificación, dejó de registrarse un fuerte desendeudamiento y pasó a reflejarse un aumento de las obligaciones financieras durante el año.

La documentación presentada también muestra cambios en los bienes declarados. Durante 2025 dejó de figurar una camioneta Chery Tiggo y comenzó a declarar el 50% de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Asimismo, mantuvo la titularidad parcial de la vivienda ubicada en City Bell.

Actualmente, la Justicia continúa reuniendo documentación para determinar si existen irregularidades en la evolución patrimonial del legislador bonaerense.