La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) advirtió que el sistema de transporte en Argentina atraviesa una «crisis profunda». La organización apuntó contra la desregulación, la paralización de la obra pública y la falta de una política integral para el sector. También señaló que el aumento internacional del combustible, asociado a la guerra en Medio Oriente, agravó el deterioro de la red logística.

Desde la entidad sindical sostuvieron que el aumento de los costos logísticos y de los servicios impacta de manera directa sobre los usuarios. Según plantearon, las tarifas más altas y el deterioro de la infraestructura afectan la calidad de vida y reducen la competitividad económica del país. En ese contexto, remarcaron que el transporte es una pieza central para la actividad industrial, productiva y comercial.

«No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad, si el mercado interno se destruye en nombre de un falso crecimiento, si el comercio exterior es manejado por el capital extranjero», señalaron desde la CATT. La frase formó parte de un comunicado en el que la organización cuestionó el rumbo de la política nacional para el sector. El planteo se conoció mientras el Gobierno avanza con un nuevo esquema de concesiones sobre rutas nacionales.

El Gobierno avanza con concesiones viales

La administración nacional descartó la obra pública como herramienta principal de mantenimiento y desarrollo vial. En su lugar, comenzó a avanzar con la concesión de corredores estratégicos de la Red Federal de Concesiones. La medida busca transferir la administración de rutas nacionales al sector privado, bajo un esquema sin subsidios y con inversión empresaria.

En la última semana, el Gobierno adjudicó dos tramos incluidos en la Etapa II-A de ese programa. Se trata de los corredores Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa, que en conjunto abarcan más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. La decisión fue formalizada el 15 de mayo y habilita la operación privada de corredores clave para la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sectores del sur bonaerense.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida a través de sus redes sociales. «Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos», sostuvo. El funcionario aseguró que el objetivo es cambiar el modelo de gestión vigente y elevar la calidad del mantenimiento vial.

Qué rutas quedaron incluidas

El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado al consorcio integrado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. La propuesta tarifaria para el peaje fue fijada en $997, sin IVA. Ese corredor incluye la autopista Ezeiza-Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226.

En el caso del Tramo Pampa, la concesión quedó en manos de CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA. La tarifa de peaje propuesta fue de $2.355,37, también sin IVA, y el plazo de concesión será de 20 años. El tramo comprende la Ruta Nacional 5 desde su inicio hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, en una zona de fuerte producción agrícola y ganadera.

Los acuerdos establecen que las empresas concesionarias deberán hacerse cargo de la inversión en modernización, mantenimiento y servicios. Según el esquema oficial, esas tareas no tendrán financiamiento estatal. Para el Gobierno, el modelo permitirá mejorar la infraestructura vial sin afectar las cuentas públicas.

La discusión por la obra pública

La CATT cuestionó ese enfoque y advirtió que la falta de obra pública profundiza el deterioro del sistema de transporte. La organización sostuvo que el país necesita una política integral para sostener sus vías de conectividad y garantizar condiciones laborales adecuadas. También remarcó que la crisis del transporte no afecta solo a los trabajadores del sector, sino al funcionamiento general de la economía.

Caputo, en cambio, afirmó que el nuevo esquema puede dar impulso al sector de la construcción. Según anticipó, para junio o julio estarían en obra 9.000 kilómetros de corredores viales. Además, aseguró que el Gobierno comenzará el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales.

El ministro también indicó que algunas rutas serán transferidas a las provincias para que avancen con obras propias. De acuerdo con su explicación, esos trabajos podrán financiarse con recursos provinciales o con créditos de organismos como el BID, el Banco Mundial y la CAF. Mientras tanto, los gremios del transporte insisten en que el deterioro de la red logística ya impacta sobre usuarios, trabajadores y sectores productivos.