La Justicia Federal de Tucumán condenó a Walter Alfredo Ayala y Alejandra Beatriz Galván por dirigir una red de explotación sexual mientras él permanecía detenido en la Unidad N°1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza. Ambos ya tenían antecedentes por trata de personas y admitieron los hechos en el marco de un juicio abreviado. Según informó el Ministerio Público Fiscal a través de fiscales.gob.ar, Ayala recibió una pena de 12 años de prisión y Galván fue condenada a 8 años.

El fallo también ordenó una reparación integral de $130.048.548,04 para ocho víctimas. El monto fue calculado en base a la ganancia ilícita, el lucro cesante y el daño moral ocasionado. La medida contó con intervención de áreas especializadas en investigación financiera y recupero de activos del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Cómo funcionaba la red desde el penal

La investigación determinó que Ayala daba órdenes desde la cárcel mediante teléfonos celulares no autorizados. Desde el penal mantenía contacto con Galván y con las víctimas, y organizaba horarios, turnos, precios y distribución de mujeres en departamentos de San Miguel de Tucumán. También controlaba publicaciones en el sitio Skokka, definía nombres falsos y revisaba las fotos y videos utilizados para promocionar los servicios.

Además, manejaba cuentas virtuales y movimientos de dinero desde el encierro. Durante el allanamiento en su celda se secuestraron celulares, registros de recaudación y papeles con nombres y teléfonos. Para los investigadores, esos elementos permitieron reconstruir el funcionamiento de la red y el rol de Ayala en la organización.

Galván, en tanto, cumplía tareas fuera del penal. Según la acusación, controlaba los departamentos, supervisaba a las víctimas y coordinaba el ingreso y egreso de mujeres en los inmuebles utilizados para la explotación. También tomaba fotos y videos para los anuncios, recaudaba dinero en efectivo y organizaba reemplazos en los distintos lugares.

Ocho víctimas y una reparación millonaria

La jueza Carina Farías, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, declaró reincidentes a Ayala y Galván. En el proceso intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña, junto a los auxiliares fiscales Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa. El acuerdo entre la fiscalía y las defensas contó con la conformidad de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas, representada por un defensor oficial.

Las damnificadas siguieron la audiencia de manera remota. También recibieron asistencia e información sobre el alcance del acuerdo a través de la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas. Durante la causa se estableció que, en algunos casos, Ayala exigía a las víctimas el envío de fotos y videos de contenido sexual, además de videollamadas, aprovechando su situación de subordinación.

Una condena anterior por explotación sexual

Ayala y Galván ya habían sido condenados en agosto de 2019 por delitos vinculados a la trata. En aquella causa, él recibió 12 años de prisión y ella 5 años por captar, trasladar y explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en dos prostíbulos de Tucumán. El caso tuvo agravantes porque una de las víctimas era menor de edad y estaba embarazada.

En esa sentencia también se había ordenado el decomiso del dinero incautado y la devolución de objetos secuestrados a las víctimas. La nueva condena confirmó que la actividad delictiva continuó entre diciembre de 2021 y abril de 2023, pese a que Ayala ya estaba detenido. En ambos procesos intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y la Fundación María de los Ángeles como querellante.