El Gobierno busca ordenar la negociación por la reforma electoral y analiza distintas alternativas para reunir apoyos en el Congreso. En la Casa Rosada sostienen que la implementación de las PASO junto con la Boleta Única de Papel presenta dificultades prácticas y económicas. Con ese argumento, el oficialismo intenta avanzar con un cambio de reglas antes del calendario presidencial de 2027.

Uno de los puntos que empezó a ganar peso es el esquema de colectoras. La propuesta permitiría que los gobernadores mantengan listas propias para diputados y senadores nacionales, pero adheridas a una eventual candidatura presidencial de Javier Milei. En el oficialismo creen que esa herramienta podría funcionar como incentivo para sectores provinciales sin candidato presidencial propio.

La discusión, sin embargo, volvió a exponer diferencias internas sobre la relación con los mandatarios provinciales. Una parte del Gobierno considera que las alianzas con gobernadores deben pensarse como una condición para sostener la gestión y conseguir reformas. Otro sector prioriza el fortalecimiento territorial de La Libertad Avanza y prefiere acuerdos más selectivos.

Las colectoras como moneda de negociación

El sistema de colectoras aparece como una salida posible para destrabar una reforma que necesita respaldo legislativo. La idea apunta a ofrecer a los gobernadores una vía para conservar autonomía electoral en sus provincias, sin romper con la estrategia nacional del oficialismo. Para la Casa Rosada, esa fórmula podría ordenar apoyos en distritos donde los mandatarios no tienen candidato presidencial competitivo.

El mecanismo también permitiría contener a sectores aliados o dialoguistas que buscan mantener peso propio en las listas nacionales. En ese grupo aparecen espacios del radicalismo, partidos provinciales y gobernadores que podrían negociar su acompañamiento a cambio de margen electoral. La apuesta oficial es transformar una concesión política en votos para eliminar o modificar las primarias.

Dentro del Gobierno, la propuesta fue leída de distintas maneras. Algunos dirigentes la consideran una decisión necesaria para corregir tensiones acumuladas con las provincias. Otros creen que vuelve a abrir una discusión que ya había dividido al oficialismo durante el armado electoral de 2025.

El viejo debate entre partido y gobernabilidad

Las diferencias internas tienen antecedentes en las elecciones legislativas de 2025. En ese momento, el sector vinculado a Santiago Caputo se mostraba más abierto a cerrar acuerdos amplios con gobernadores y dirigentes provinciales. Del otro lado, el armado asociado a Karina Milei y a los primos Menem apostaba por competir con candidatos propios para fortalecer la marca libertaria.

Esa tensión sigue presente en la discusión electoral. Quienes impulsan acuerdos más amplios sostienen que la prioridad debe ser garantizar la reelección de Milei y sostener una mayoría legislativa útil. Desde esa mirada, ceder espacios provinciales puede ser razonable si permite aprobar una reforma considerada central para el proyecto político nacional.

El sector más cercano a Karina Milei, en cambio, defiende una estrategia de acuerdos acotados. La idea es negociar solo con actores que aporten volumen político real y no condicionen el crecimiento de La Libertad Avanza. Para esa línea, la construcción partidaria sigue siendo un objetivo clave de cara a 2027.

PASO, suspensión o primarias no obligatorias

Mientras busca votos para una reforma integral, el oficialismo también evalúa caminos intermedios. Una opción es repetir un esquema de suspensión de las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025. Otra alternativa es avanzar hacia un sistema de primarias abiertas pero no obligatorias, con aplicación focalizada solo en las provincias donde exista competencia interna.

Ese diseño tendría una logística más reducida y evitaría abrir escuelas en todo el país cuando no haya internas reales. Para quienes trabajan en la reforma, el costo operativo y la complejidad de combinar primarias con Boleta Única de Papel son argumentos centrales. La Casa Rosada insiste en que el sistema actual no se adapta bien al nuevo instrumento de votación.

La discusión excede lo técnico. La reforma electoral también funciona como una prueba política para medir cuánto margen tiene el Gobierno para negociar con aliados y gobernadores. En ese terreno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aparece como una figura clave para ordenar conversaciones y acercar posiciones.

El debate por las reglas electorales vuelve a mostrar una pregunta de fondo dentro del oficialismo. La Casa Rosada necesita sumar votos para cambiar el sistema, pero también busca consolidar a La Libertad Avanza como fuerza nacional. Entre esas dos prioridades se mueve la negociación con gobernadores, aliados y bloques dialoguistas.