Más de 140 buques permanecen sin operar en distintos puertos del país como consecuencia del conflicto que enfrenta al Gobierno nacional con los prácticos, pilotos y baqueanos, profesionales indispensables para las maniobras de ingreso y salida de las embarcaciones. La situación ya provoca demoras en las exportaciones de granos y afecta principalmente a las terminales agroexportadoras del Gran Rosario.

La disputa comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, que modificó el régimen del servicio de practicaje vigente desde 1991. A partir de esa medida, numerosos profesionales resolvieron no aceptar nuevas asignaciones laborales hasta que se reviertan los cambios impulsados por el Ejecutivo.

Aunque no se trata de un paro sindical formal, el impacto sobre la actividad portuaria es significativo. Los prácticos trabajan de manera independiente y la decisión fue adoptada de forma coordinada: quienes ya tenían maniobras programadas continúan cumpliéndolas, mientras que las nuevas operaciones permanecen paralizadas.

Qué cambia con el nuevo decreto

La reforma fue oficializada el 31 de julio mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre las principales modificaciones, la norma elimina el sistema de cupos para ejercer la actividad, habilita la contratación directa de prácticos por parte de armadores y agencias marítimas, establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) podrá fijar tarifas máximas y permite que determinados capitanes naveguen sin contratar un práctico si acreditan una cantidad mínima de viajes en una misma zona.

Desde el Gobierno sostienen que los cambios buscan aumentar la competencia y reducir los costos logísticos. Sturzenegger afirmó que la reforma elimina restricciones que limitaban el ingreso de nuevos profesionales y encarecían el servicio.

Los prácticos rechazan la reforma

Las entidades que representan al sector cuestionaron duramente la nueva normativa y anunciaron acciones judiciales para intentar frenar su aplicación.

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante considera que el decreto es inconstitucional y anticipó que presentará una acción de amparo y una acción declarativa de certeza ante la Justicia Federal. Además, impulsará una denuncia penal al entender que las modificaciones podrían afectar la seguridad de la navegación.

Tanto esa entidad como la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos advierten que flexibilizar el sistema podría incrementar los riesgos operativos en ríos, canales y accesos portuarios, donde estos profesionales cumplen un rol fundamental por su conocimiento específico de las condiciones de navegación.

El Gobierno intimó a retomar las tareas

Ante la falta de prácticos disponibles, la Prefectura Naval Argentina comenzó a notificar de manera individual a los profesionales para que retomen sus funciones, invocando la Ley de Navegación 20.094, que considera al practicaje un servicio público.

Las intimaciones advierten sobre la posibilidad de aplicar sanciones administrativas e incluso penales en caso de incumplimiento.

El conflicto golpea especialmente a los puertos de San Lorenzo, Timbúes, Puerto General San Martín y el Gran Rosario, por donde sale gran parte de las exportaciones agroindustriales argentinas. Allí numerosos buques permanecen fondeados a la espera de poder realizar las maniobras correspondientes.

El propio decreto prevé un mecanismo de contingencia que autoriza a la Prefectura Naval y, en situaciones excepcionales, a la Armada Argentina a prestar el servicio para evitar una paralización total de la actividad.

Por el momento, los buques que transportan petróleo y gas continúan operando con normalidad, ya que fueron excluidos del conflicto para garantizar el abastecimiento interno de combustibles.