El presupuesto educativo nacional acumuló una fuerte caída real durante los primeros dos años de la actual gestión. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA calculó que la función Educación y Cultura se redujo 47,7% en el bienio 2024-2025. El dato vuelve a poner en debate el financiamiento del sistema educativo y el reparto de responsabilidades entre Nación, provincias e instituciones.

El trabajo, elaborado por el IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas, señaló que en 2024 el área tuvo una contracción real de 43,2% respecto del año anterior. También redujo su participación en el PBI en alrededor de 0,6 puntos porcentuales. Aunque el recorte se dio dentro de un ajuste más amplio del gasto público nacional, el informe remarcó que la baja fue especialmente profunda en educación.

El impacto del recorte en educación

Una parte central de la caída se explicó por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido como FONID. Ese fondo funcionaba como un complemento salarial para docentes de las provincias. Al eliminarse, las jurisdicciones debieron asumir una mayor carga financiera para sostener sus sistemas educativos.

En 2025, la tendencia se mantuvo con una nueva baja real de 7,9%. Según el informe, el ajuste volvió a concentrarse en componentes relevantes del gasto educativo nacional. Entre ellos aparecen las transferencias destinadas a universidades, provincias y programas de apoyo a estudiantes.

Las proyecciones para 2026 también muestran un escenario restrictivo si no se amplían las partidas vigentes. De acuerdo con el IIEP, el gasto educativo podría registrar otra caída real de 12,7%. Si eso ocurre, el presupuesto nacional del área acumularía tres años consecutivos de retroceso en términos reales.

Universidades, becas y programas socioeducativos

Por programas, las transferencias para el financiamiento universitario registraron una baja real de 5,4% interanual en 2025. Ese componente se canaliza a través del programa Desarrollo de la Educación Superior. La reducción aparece en un contexto de reclamos de las universidades por la actualización de fondos y salarios.

Las becas estudiantiles sufrieron una caída mucho más marcada. Según el informe, se redujeron 42,5% en términos reales. El programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas también mostró un recorte fuerte, con una baja de 49,5%.

La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se consolidó como una de las líneas centrales de la Secretaría de Educación. Esa diferencia muestra que el ajuste no se distribuyó de manera uniforme dentro del área. Mientras algunos programas perdieron peso, otros concentraron mayor prioridad presupuestaria.

El debate por el modelo de financiamiento

El informe también analizó la discusión sobre los modelos de financiamiento educativo. Históricamente, la Argentina organizó su sistema sobre un esquema orientado a la oferta. Bajo ese modelo, los recursos públicos se asignan a provincias e instituciones para garantizar infraestructura, cargos docentes, salarios y condiciones básicas de funcionamiento.

El enfoque alternativo es el financiamiento por demanda. En ese esquema, el Estado transfiere recursos a familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores educativos. Sus defensores sostienen que la competencia y la libertad de elección pueden mejorar la eficiencia y la calidad del sistema.

Sin embargo, el IIEP advirtió que este tipo de mecanismos debe analizarse también por sus efectos sobre la equidad, la cohesión social y la distribución territorial de la oferta. En contextos de fuerte desigualdad, la competencia puede derivar en una mayor segmentación de la matrícula. También podría debilitar la oferta estatal y ampliar brechas que ya existen.

Vouchers, escuelas privadas y desigualdad territorial

El Gobierno impulsó la discusión sobre vouchers, becas o transferencias directas a familias. Según el informe, estas propuestas ponen el foco en la libertad de elección, pero también abren interrogantes sobre sus efectos sociales y territoriales. El riesgo señalado es que puedan profundizar la fragmentación del sistema educativo.

Desde 2024 se aplican vouchers para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas. El programa alcanzó a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025, según los datos incluidos en el estudio. Para el IIEP, no se trató de un sistema generalizado, sino de una transferencia focalizada para cubrir parcialmente cuotas escolares.

El informe sostuvo que esa política reforzó los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada en un contexto de desfinanciamiento de la estatal. También recordó que en 2023 se habilitó la deducción en Ganancias de gastos escolares privados, un beneficio fiscal con mayor impacto en sectores de ingresos más altos. En esa línea, advirtió que nuevas transferencias a instituciones privadas podrían profundizar la segmentación del sistema.

El análisis de la UBA plantea que el debate no se limita al monto del presupuesto, sino también al destino de los recursos. El financiamiento de la oferta permite orientar fondos según cobertura territorial y sostenimiento institucional. En cambio, el financiamiento por demanda traslada parte de las decisiones hacia familias y estudiantes, con posibles efectos desiguales entre provincias, niveles de ingreso y tipos de escuela.