Los terremotos que golpearon la costa norte de Venezuela reabrieron un fuerte debate sobre la calidad de las viviendas sociales construidas durante el chavismo. En La Guaira, una de las zonas más afectadas, varios complejos habitacionales quedaron destruidos o con daños severos. Vecinos, ingenieros y sismólogos venían advirtiendo desde hacía años que muchas de esas estructuras podían no resistir un sismo de gran magnitud.

El foco quedó puesto sobre edificios levantados bajo el programa estatal Misión Vivienda, una de las políticas emblemáticas impulsadas por Hugo Chávez. La iniciativa buscaba garantizar acceso a vivienda para sectores populares, pero la devastación posterior al desastre volvió a poner bajo la lupa los materiales, los estudios de suelo y los criterios de construcción. Para muchos residentes, la tragedia no puede explicarse solo por la fuerza de los terremotos.

Reclamos por la calidad de las construcciones

En distintos complejos de La Guaira, los vecinos denunciaron que las fallas estructurales eran conocidas desde hacía tiempo. Grietas en paredes, problemas con tuberías de gas y dudas sobre la resistencia de los edificios habían sido señaladas antes del desastre. También existían cuestionamientos sobre la falta de información pública respecto de los diseños, los estudios geotécnicos y los controles técnicos aplicados durante la obra.

Uno de los puntos más sensibles fue la rapidez con la que se construyeron algunos complejos. Expertos del sector sostienen que la zona requiere estudios de suelo rigurosos, cimentaciones adecuadas y materiales resistentes a sismos. Mario Lieghio, presidente de la cámara de la construcción de La Guaira, advirtió que la ubicación entre la montaña y el mar vuelve al terreno especialmente vulnerable.

La discusión también alcanzó al complejo Hugo Chávez, construido por una empresa turca contratada por el Estado. Algunos edificios se derrumbaron por completo y otros quedaron inclinados o inhabitables. Un trabajador que participó en esas obras afirmó que las unidades se levantaban a gran velocidad, una práctica que ahora vuelve a ser observada por vecinos y especialistas.

El gobierno rechazó parte de los señalamientos

La administración venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, evitó responder en detalle sobre las fallas atribuidas a los complejos de Misión Vivienda. En una conferencia de prensa, la funcionaria sostuvo que la mayoría de los edificios derrumbados en La Guaira no habían sido construidos por el Estado. Sin embargo, los complejos estatales dañados concentran parte de las críticas por su escala y por las advertencias previas.

El programa oficial fue presentado durante años como una herramienta central de inclusión habitacional. Según datos difundidos por el propio gobierno, se construyeron millones de viviendas bajo esa política. Ahora, la destrucción de varios complejos abrió una discusión sobre si la urgencia política y la búsqueda de resultados rápidos se impusieron sobre los controles técnicos.

El debate no se limita a las viviendas sociales. También colapsaron edificios privados destinados a sectores medios y altos, lo que amplía las dudas sobre la seguridad de distintas construcciones en la zona. Aun así, el caso de Misión Vivienda quedó en el centro por tratarse de una política pública masiva y por la cantidad de familias afectadas.

La Guaira, entre la búsqueda y el reclamo

En los complejos dañados, las tareas de rescate se mezclaron con reclamos por falta de herramientas, organización y asistencia. Vecinos removieron escombros con martillos y elementos improvisados, mientras esperaban ayuda para localizar a familiares desaparecidos. En varios puntos, las búsquedas continuaron entre estructuras inestables y edificios marcados para demolición.

Los testimonios de familiares dejaron una imagen de desamparo. Algunos denunciaron que no recibían información clara sobre los cuerpos recuperados o sobre el destino de sus allegados. Otros apuntaron directamente contra las autoridades por haber ubicado a miles de personas en edificios que, según sostienen, no estaban preparados para resistir un evento sísmico grave.

La magnitud de la destrucción obliga a revisar no solo la respuesta posterior al desastre, sino también las decisiones previas de planificación urbana. En una zona con riesgos geológicos conocidos, la calidad de los estudios técnicos y de los materiales aparece como una cuestión central. Para especialistas de la construcción, la tragedia debería convertirse en una lección sobre cómo y dónde se edifica.

Una advertencia que llega tarde

Las críticas posteriores al terremoto reactivaron alertas que ya existían desde hacía más de una década. En 2017, Enzo Betancourt, entonces presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, había definido la integridad estructural de las viviendas estatales como «un secreto de Estado». Esa falta de transparencia volvió a ser señalada tras los derrumbes.

El desastre dejó expuesta una combinación de vulnerabilidad social, fallas de infraestructura y falta de información pública. Las familias que accedieron a una vivienda estatal ahora enfrentan pérdidas humanas, desplazamiento y dudas sobre la seguridad de los edificios que siguen en pie. En varios complejos, los residentes quedaron entre la necesidad de refugio y el miedo a volver.

La discusión sobre Misión Vivienda queda abierta en medio de una emergencia que todavía exige rescate, asistencia y reconstrucción. Pero los testimonios de vecinos y expertos apuntan a un punto común: las advertencias existían antes del colapso. La pregunta que queda es por qué no fueron atendidas a tiempo.