El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del exfuncionario argentino Pablo Ferrara Raisberg, quien fue representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y forma parte de una nueva política contra personas vinculadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El caso volvió a poner bajo la lupa la polémica que, en 2024, derivó en la renuncia de Ferrara tras una intervención a favor de un buque asociado a un empresario chino.

La decisión fue comunicada por Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, a través de sus redes sociales. El funcionario señaló que Washington restringió la emisión de visas a 24 personas y revocó las visas de Ferrara y del ciudadano mexicano José Ali Amado. En su mensaje, sostuvo que quienes agotan ilegalmente los recursos pesqueros «no son bienvenidos» en Estados Unidos.

La medida del Departamento de Estado

De acuerdo con la comunicación oficial, la decisión busca proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales. Las sanciones apuntan a personas consideradas responsables, cómplices, facilitadoras o beneficiarias de actividades vinculadas con la pesca ilegal. En el caso de Ferrara, el Departamento de Estado mencionó «actividades corruptas» que habrían facilitado esas prácticas y afectado el acceso justo al mercado para pescadores estadounidenses.

El antecedente que involucra al exfuncionario argentino se remonta a 2024, cuando dejó su cargo como representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero. Su salida ocurrió después de una polémica intervención relacionada con el buque Tai An, una embarcación de bandera argentina radicada en Tierra del Fuego. La nave pertenece a una empresa de Liu Zhijiang, empresario de origen chino radicado en esa provincia.

El caso del buque Tai An

El Tai An fue detectado en una zona donde no estaba autorizada la pesca de merluza negra. Se trata de una especie de alto valor comercial y sometida desde hace años a un régimen de cuotificación estricto. Ninguna embarcación puede capturarla sin autorización, debido al riesgo de depredación y al impacto ambiental y económico que provoca la pesca furtiva en el Mar Argentino.

Según la reconstrucción del caso, el buque no tenía una cuota extra habilitada y fue encontrado con 163 toneladas de merluza negra. Tras esa detección, Prefectura fue notificada y se ordenó el regreso inmediato de la embarcación a puerto. En ese momento intervino Ferrara Raisberg, quien habría cuestionado el procedimiento y pedido que el barco no regresara.

La situación también derivó en la salida de Julián Suárez, exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, un área dependiente del Ministerio de Economía. Suárez, que llevaba quince años en el sector, presentó su renuncia después de recibir una supuesta comunicación de Cancillería para intervenir a favor del buque. Personas con conocimiento directo del expediente señalaron que la llamada fue intimidatoria y ajena al área de competencia de Ferrara.

El valor de la merluza negra

La merluza negra es una de las especies más cotizadas del Mar Argentino. Su precio internacional puede alcanzar valores muy altos y, por año, solo se autoriza la captura de unas 3.700 toneladas. Por ese motivo, las 163 toneladas detectadas en una sola embarcación representaban una cifra excepcional.

El valor estimado de esa carga rondaba los 5 millones de dólares en la venta final. Para especialistas en conservación marina, el episodio configuró un caso grave por tratarse de una captura sin cuota habilitada. Milko Schvarzman, del Círculo de Políticas Ambientales, sostuvo ante Infobae que el barco había capturado merluza negra sin permiso y que eso encuadraba en un caso de pesca ilegal.

Tras la polémica, Ferrara presentó su renuncia, que fue aceptada por la entonces canciller Diana Mondino. Ahora, la decisión del Departamento de Estado volvió a darle dimensión internacional al caso. La revocación de la visa instala una consecuencia directa sobre un exfuncionario argentino señalado por su presunta intervención en un episodio sensible para la protección de los recursos del Mar Argentino.