La pelea por el control del peronismo en Jujuy sumó un giro de alto impacto político. La Justicia Federal dejó sin efecto la intervención dispuesta por Cristina Kirchner sobre el PJ local, anuló las últimas decisiones tomadas por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez y designó como nuevo interventor a Ricardo Guillermo Villada, un funcionario del entorno del gobernador salteño Gustavo Sáenz.

La resolución no solo cuestionó la legalidad de lo actuado en estos años, sino que además expuso un cuadro de fuerte deterioro interno dentro del partido. El juez federal Esteban Eduardo Hansen entendió que la vida institucional del justicialismo jujeño quedó atrapada en una cadena de postergaciones, sanciones y maniobras que terminaron bloqueando la participación de cientos de afiliados y frustrando la renovación de autoridades.

Un fallo que golpea a la conducción nacional

La presentación que dio origen al expediente había sido impulsada por la senadora Carolina Moisés junto con otros referentes de distintas líneas del peronismo jujeño. Ese planteo venía recogiendo una crítica política que también se escuchaba en otros sectores del PJ del norte, con cuestionamientos directos a la conducción nacional encabezada por Cristina Kirchner y a la influencia de La Cámpora sobre las decisiones partidarias.

El fallo terminó dándole entidad judicial a esa disputa. La intervención que regía desde mediados de 2023 quedó desarmada por decisión del juzgado, que además ubicó al frente del proceso de normalización a un dirigente vinculado al esquema político de Salta. Villada tendrá 180 días para reordenar el partido y deberá rendir cuentas cada dos semanas ante la Justicia.

Sanciones, elecciones frustradas y un partido paralizado

Uno de los ejes más duros de la sentencia fue el análisis sobre el modo en que se administró la vida interna del PJ jujeño. El juez describió un escenario en el que, durante casi tres años, se mezclaron amnistías generales, sanciones disciplinarias y una serie de decisiones que, en vez de ordenar el funcionamiento partidario, profundizaron la fractura interna.

Entre los puntos más sensibles, el fallo menciona la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, muchos de ellos precandidatos, sin garantías mínimas de defensa. Para el magistrado, esas medidas se aplicaron sin descargos, sin pruebas en favor de los afectados y al margen de cualquier resguardo básico del debido proceso. Esa situación, según la resolución, alteró de manera directa los derechos políticos internos de una parte del peronismo jujeño.

El proceso electoral que nunca se concretó

La resolución también repasó la secuencia de fechas frustradas para elegir nuevas autoridades. Según el juzgado, los comicios fueron reprogramados una y otra vez desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026, y hasta se llegó a convocar una elección para el 24 de abril de este año sin mostrar avances concretos para organizarla.

Ese punto resultó central para la decisión judicial. El juez concluyó que no hubo documentación ni señales materiales de una verdadera voluntad de normalizar el partido a través de elecciones. En lugar de eso, observó una dinámica donde las dilaciones y las sanciones fueron utilizadas para sostener un estado de excepción interna que impedía el recambio de conducción.

Villada, 180 días y control judicial

Con este nuevo escenario, Ricardo Guillermo Villada quedó al frente de la intervención judicial del PJ jujeño. Su tarea será conducir el proceso de normalización y preparar un cronograma electoral que desemboque en una renovación legítima de autoridades. Pero no lo hará con libertad total: deberá presentar informes quincenales al juzgado detallando cada avance de su gestión.

La elección de Villada también tiene lectura política. No se trata de un nombre neutral, sino de un funcionario identificado con Gustavo Sáenz, uno de los gobernadores que en los últimos tiempos fue tomando distancia de la conducción partidaria nacional. Por eso, el fallo no solo altera el equilibrio del PJ en Jujuy, sino que también reaviva la disputa más amplia por quién ordena el peronismo en las provincias.

Una decisión con eco más allá de Jujuy

La intervención judicial sobre el PJ jujeño abre una etapa incierta para el partido, pero también deja una señal que excede a la provincia. La resolución cuestiona de fondo el modo en que se administró la interna bajo la órbita del PJ nacional y deja expuesta una pelea que venía creciendo entre sectores territoriales y la conducción central.

Con la caída de la intervención de Cristina Kirchner, el peronismo jujeño entra ahora en una nueva fase. La promesa es encaminar elecciones limpias y restablecer la participación interna. La incógnita es si ese proceso alcanzará para cerrar una crisis que ya no parece solo administrativa, sino profundamente política.