El oficialismo consiguió este martes un paso clave en el Senado para avanzar con el acuerdo entre la Argentina y dos fondos buitre por USD 171 millones. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión firmaron un dictamen de mayoría que respalda la operación y ahora el texto quedó listo para ser llevado al recinto de la Cámara alta.

La novedad política más importante no fue solo ese despacho. Durante el plenario, el oficialismo aseguró que el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, informó una prórroga hasta el 31 de mayo, pese a que en el mensaje enviado por el Ejecutivo al Congreso se hablaba del 30 de abril como fecha límite para evitar que el litigio volviera a activarse en condiciones más gravosas para el país.

Qué aprobó el Senado y por qué el Gobierno apura

El acuerdo alcanza a Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos acreedores que mantienen litigios con la Argentina en tribunales de Estados Unidos. Según el entendimiento impulsado por la Casa Rosada, el país pagará USD 67 millones al primero y USD 104 millones al segundo.

El Gobierno sostiene que esa salida incluye una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes y que permite cerrar un frente judicial abierto desde hace años. Con ese argumento, el oficialismo buscó darle velocidad al trámite parlamentario y mostrar el dictamen como una señal para desactivar riesgos financieros y legales.

La discusión, sin embargo, se aceleró todavía más cuando apareció el punto de la fecha. En el texto girado al Congreso, el propio Ejecutivo advertía que si el acuerdo no avanzaba antes del 30 de abril, el litigio podía retomarse en un escenario mucho más costoso. La mención a una extensión hasta el 31 de mayo, anunciada sobre el final del debate, le dio al oficialismo un margen adicional, pero no le quitó urgencia política al expediente.

Cómo es el mecanismo y qué promete cerrar

El convenio prevé un sistema de “Entrega contra Pago”, conocido internacionalmente como DVP. Eso significa que los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos, mientras que los acreedores asumirán los costos legales generados por el litigio.

Además, el acuerdo incorpora una cláusula de “standstill”, que bloquea nuevas acciones judiciales o interferencias sobre operaciones financieras argentinas hasta que toda la operación quede completada. Para el Gobierno, ese punto es central porque busca evitar nuevos embargos o movimientos que compliquen el manejo de activos del país.

En el mensaje remitido al Congreso, la Casa Rosada también remarcó otro efecto que considera decisivo: una eventual aprobación permitiría dar por finalizada la investigación en curso sobre bienes argentinos, es decir, los procesos de “discovery” vinculados a cuentas, activos, privatizaciones y otros movimientos patrimoniales del Estado en el exterior.

El oficialismo habló de “señal” y el kirchnerismo rechazó el acuerdo

Durante el debate, los senadores libertarios y sus aliados defendieron el entendimiento como una salida necesaria para cerrar una herencia judicial y financiera. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, planteó que avanzar con el dictamen sirve para extinguir el litigio con los principales acreedores en situación de holdouts y remarcó la importancia de enviar una señal de cumplimiento.

En la misma línea, el titular de la comisión de Economía, Martín Goerling Lara, sostuvo que el acuerdo ayuda a dejar atrás una etapa muy negativa para la Argentina y mencionó como uno de los beneficios la protección de activos estratégicos frente a posibles medidas judiciales.

El rechazo vino del kirchnerismo. Jorge Capitanich defendió un dictamen de minoría y cuestionó la negociación por considerarla fragmentada, inequitativa y riesgosa para la posición futura del Estado. Según planteó, no se trata de una solución integral ni transparente, sino de acuerdos individuales con acreedores litigantes que pueden abrir la puerta a otros reclamos.

Martín Soria también apuntó contra el apuro del tratamiento y cuestionó que el proyecto haya ingresado con tiempos tan cortos y sin más debate. Desde el oficialismo, Bartolomé Abdala respondió que existe una sentencia firme desde hace años y que la administración libertaria solo está enfrentando una obligación heredada.

Qué viene ahora

Con el dictamen firmado, el texto deberá ser tratado en el recinto del Senado. Si consigue aprobación, pasará a Diputados para su sanción definitiva. El oficialismo quiere moverlo rápido, aunque el anuncio de la prórroga hasta el 31 de mayo le dio un poco más de aire para negociar.

De todos modos, el Gobierno necesita mostrar que puede cerrar este frente sin que el conflicto vuelva a escalar. Por eso el paso dado en comisión no es menor: no resolvió la historia, pero sí le dio al Ejecutivo un primer aval formal en una discusión donde mezcla urgencia jurídica, costo financiero y señal política.