La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles la resolución que había confirmado el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros y obligó a dictar una nueva decisión sobre su situación judicial. El cambio no cierra el expediente ni desvincula al ex presidente de la investigación, pero sí desarma, por ahora, el respaldo que había recibido ese procesamiento en la instancia anterior.

La decisión salió por mayoría en la Sala IV del máximo tribunal penal federal. Votaron a favor de hacer lugar al planteo de la defensa los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos se pronunció en disidencia. El punto central del fallo no pasó por declarar inocente a Fernández, sino por cuestionar cómo se confirmó su procesamiento pese a que el fiscal de la Cámara Federal había pedido otra salida.

La clave del fallo: la coincidencia entre fiscalía y defensa

Para Borinsky y Carbajo, el dato decisivo fue que en la audiencia previa ante la Cámara Federal no había discusión real entre las partes sobre qué hacer con Fernández. Tanto la defensa como el fiscal José Luis Aguero Iturbe habían pedido dejar sin efecto el procesamiento y dictar la falta de mérito mientras se profundizaba la investigación con nuevas pruebas.

Pese a eso, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y mantuvo además el embargo de bienes por más de 14.634 millones de pesos. Ahí estuvo, para los jueces de Casación que votaron por la anulación, el problema de fondo: el tribunal intermedio sostuvo una decisión más gravosa que la que reclamaban tanto la defensa como el representante del Ministerio Público en esa instancia.

Borinsky remarcó en su voto que no existía controversia entre las partes en relación con la situación procesal del ex presidente. Desde esa mirada, la confirmación del procesamiento implicó un apartamiento de la postura expresamente sostenida en la audiencia y afectó el principio acusatorio y el debido proceso. Carbajo acompañó ese razonamiento.

Qué dijo Hornos y por qué votó en contra

La disidencia de Hornos fue por otro camino. El juez consideró que el recurso de la defensa debía ser declarado inadmisible y que el procesamiento tenía que seguir firme. Su argumento fue doble.

Por un lado, sostuvo que no se trataba de una sentencia definitiva, lo que en su criterio impedía abrir la revisión de Casación en esta etapa. Por otro, señaló que debía pesar más la posición del fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, quien se había pronunciado por rechazar el planteo de la defensa.

Hornos entendió que el dictamen de Pleé, apoyado en la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal, alcanzaba para descartar una lesión al principio acusatorio. También afirmó que el procesamiento estaba suficientemente fundado en las constancias del expediente y en la hipótesis de un esquema irregular en la contratación de seguros estatales.

Qué investigan en la causa

El expediente gira alrededor del Decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández, que centralizó en Nación Seguros la contratación de pólizas de organismos públicos. La sospecha judicial es que, a partir de ese esquema, se habilitó la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas que cobraron comisiones por encima de los valores de mercado, con un eventual perjuicio económico para el Estado.

En la causa ya fueron procesados ex funcionarios, brokers y personas ligadas al entorno del ex presidente. Entre ellos aparecen Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández, y María Cantero, ex secretaria privada del mandatario. La investigación quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, como subrogante del juzgado federal 11, y del fiscal Carlos Rívolo.

Cómo sigue el expediente

La anulación del fallo de Cámara no significa que Fernández quede desligado ni que el caso vuelva a foja cero. Lo que Casación ordenó fue que se dicte una nueva resolución sobre su situación procesal. En otras palabras, la discusión sobre si corresponde mantener el procesamiento, revocarlo o avanzar hacia otra salida judicial tendrá que rehacerse.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y los investigadores ya avanzan con nuevas declaraciones de testigos propuestos por la defensa del ex presidente. Ese movimiento muestra que el expediente entra en una etapa donde todavía puede sumar prueba antes de una definición más firme.

El alivio judicial para Fernández, entonces, es parcial. Ganó tiempo, recuperó margen de discusión y desactivó una confirmación que lo complicaba. Pero la investigación sigue viva y su situación todavía está lejos de quedar resuelta.