La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso clave en el conflicto por la reforma del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. El máximo tribunal pidió con carácter urgente el expediente completo de la causa y quedó en condiciones de analizar el fondo de una disputa que enfrenta al gobernador Claudio Vidal con jueces y sectores ligados al kirchnerismo provincial.

El caso se originó después de que la Legislatura santacruceña aprobara la ampliación del Tribunal Superior de cinco a nueve integrantes, una medida impulsada por Vidal desde su llegada al poder. Con esa reforma, el oficialismo provincial logró sumar nuevos vocales y alterar el equilibrio interno de un cuerpo que durante décadas había quedado bajo influencia del kirchnerismo.

Qué desató el conflicto

La reacción fue inmediata. Jueces de la composición anterior y la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz cuestionaron la reforma y la calificaron de inconstitucional. El eje de esa objeción fue que la ampliación se habría aprobado con procedimientos irregulares, sin mayorías especiales suficientes, sin audiencias públicas y con un trámite legislativo acelerado.

En paralelo, el Superior Tribunal con su integración previa declaró la inconstitucionalidad de la ley. Esa decisión abrió una pulseada institucional todavía más profunda, porque los nuevos magistrados y funcionarios cercanos al gobierno provincial avanzaron con un recurso de queja ante la Corte para revertir ese fallo.

Un tribunal partido en dos

La reforma no solo generó una batalla política y judicial hacia afuera. También partió al propio máximo tribunal santacruceño. La incorporación de nuevos vocales, sumada al respaldo del juez Daniel Mariani, modificó la mayoría interna y derivó en su designación como presidente del cuerpo.

Sin embargo, la entonces titular del tribunal, Reneé Fernández, junto con otros jueces históricos, desconoció esa nueva integración y rechazó la legitimidad de las designaciones. La crisis llegó a tal punto que en el sitio oficial del Poder Judicial siguió figurando Fernández como presidenta, aun cuando la nueva mayoría había dispuesto otra conducción.

Qué hará ahora la Corte

La Corte Suprema ya rechazó un intento de recusación presentado por el gremio judicial contra sus integrantes y ahora pidió toda la documentación vinculada al caso. Entre esos papeles figuran la sentencia dictada en diciembre de 2025, los expedientes cautelares, las resoluciones sobre las designaciones y juramentos de los nuevos vocales y otros procesos conectados con la disputa.

En el entorno del gobierno santacruceño interpretan esa decisión como una señal de que la Corte avanzará sobre el núcleo del conflicto: la legalidad de la ampliación del Superior Tribunal. Del otro lado, los sectores judiciales y políticos que resisten la reforma apuestan a que el máximo tribunal termine invalidando el movimiento impulsado por Vidal.

El trasfondo político

La pelea por la Justicia provincial se montó sobre una disputa de poder más amplia. Vidal sostiene que Santa Cruz arrastra una estructura judicial moldeada durante más de tres décadas de predominio kirchnerista y presentó la ampliación del tribunal como parte de un intento por “despolitizar” ese esquema.

Desde el kirchnerismo local y los sectores judiciales que rechazan la reforma responden que lo que está en marcha es una avanzada del Ejecutivo sobre la Justicia. Por eso, la decisión que tome la Corte no solo definirá una cuestión institucional en Santa Cruz: también impactará de lleno sobre la relación de fuerzas en una provincia donde el recambio político todavía no terminó de ordenar el mapa del poder.