En un incisivo dictamen presentado este miércoles, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) que avance de manera inmediata con la ejecución del decomiso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $684.990.350.139,86.

El requerimiento, contenido en un dictamen de 65 páginas, destaca que la sentencia que halló culpables a los imputados «adquirió firmeza en todos sus términos —incluso en lo concerniente al decomiso— el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema resolvió desestimar las quejas interpuestas por las defensas».

«Sin embargo, transcurridos más de cuatro meses desde que la decisión quedó firme, aún no se ha concretado la ejecución del decomiso», aseguraron los fiscales. Recordaron que durante ese lapso el tribunal actualizó el monto del perjuicio, pero que los condenados «se negaron a devolver el dinero de la defraudación. Para decirlo claro: no depositaron ni un solo peso».

Una deuda con la sociedad

En otro tramo del documento, Luciani y Mola afirmaron: «La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años, además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley».

Subrayaron que el tribunal debe «activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados, hasta cubrir la suma de la defraudación».

El monto en cuestión proviene de la actualización del daño económico determinado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 del TOF 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso—, que impuso penas de prisión y el decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La cifra original, fijada en $84.835 millones, fue recalculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y llevada a casi $685.000 millones, luego de que el fallo quedara firme por decisión del máximo tribunal.

El reclamo de los fiscales

En su presentación, los fiscales remarcaron que «el primer paso» hacia la erradicación de la impunidad ya se cumplió. Porque «las personas condenadas están cumpliendo la pena de prisión según las modalidades establecidas». Ahora, agregaron, es momento de la recuperación de los bienes producto de la defraudación. «Para asignarlos a fines nobles, útiles y públicos, como rutas, salud, educación, vivienda, jubilaciones, justicia y seguridad».

Y concluyeron: «Para nuestra sociedad, cuyos intereses generales este Ministerio Público Fiscal representa, resulta fundamental vislumbrar que la Justicia exige el estricto acatamiento de la ley a todos por igual, incluso a los poderosos».

Los bienes de la familia Kirchner

El TOF 2 había delimitado que la maniobra juzgada ocurrió entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Y estableció que los bienes incorporados en ese período podían ser alcanzados por la ejecución. Con ese parámetro, el Ministerio Público Fiscal pidió ejecutar 20 inmuebles atribuidos a la familia Kirchner, entre hoteles, terrenos, viviendas y complejos de departamentos.

La expresidenta y sus hijos se opusieron al remate y cuestionaron la medida en términos políticos. «Lo que se busca no es recuperar activos de la corrupción. Sino castigar simbólicamente a toda una familia por su historia, por su apellido y por su rol en la vida política argentina».

Máximo y Florencia Kirchner argumentaron que eran «terceros ajenos a los hechos investigados». Y que desapoderarlos de bienes cedidos en el marco de un proceso sucesorio implicaría una confiscación.

Ante esos planteos, los fiscales respondieron: «Cabe señalar, en primer lugar, que el pedido de decomiso de esos bienes no responde a una supuesta participación de Máximo y Florencia Kirchner en los hechos. Nada de eso. El decomiso se solicitó porque son cesionarios de bienes de propiedad de uno de los individuos condenados».

«Cristina Kirchner se desprendió de los activos en cuestión mediante la cesión de bienes gananciales en favor de sus hijos el 10 de marzo de 2016. Es decir, con el colosal fraude ya consumado».

También recordaron que «quien actuó en múltiples oportunidades en representación de Néstor y Cristina Kirchner en buena parte de los negocios celebrados con Lázaro Báez y su conglomerado empresarial fue, ni más ni menos, su hijo, Máximo Kirchner». Por lo tanto, los bienes cedidos «forman parte del acervo ejecutable para cubrir el monto total fijado como producto del delito».

Los antecedentes y la comparación con Alsogaray

En otro tramo, Luciani y Mola evocaron el caso de María Julia Alsogaray, en el que se remató un inmueble para cumplir con el decomiso de una condena. Y señalaron que ese precedente «guarda semejanzas notables con lo que viene sucediendo en este expediente».

Consideraron «asombroso observar cómo, en uno y otro caso, las personas condenadas por corrupción echan mano de los mismos artilugios. Para intentar escabullirse y evitar devolver lo sustraído a la sociedad. Y negar que cuentan con los bienes o el dinero necesarios, plantear incompetencias improcedentes, entre otros».

Luciani y Mola también respondieron a las impugnaciones de Lázaro Báez, quien cuestionó la competencia del tribunal para ejecutar el decomiso. Todos los puntos fueron desestimados a lo largo del dictamen, al igual que los planteos del resto de los condenados.

Un mensaje directo al tribunal

En un mensaje a los jueces del TOF 2, los fiscales advirtieron que el tribunal «no puede ni debe desentenderse de su obligación» de hacer cumplir su fallo. «Se trata —explicaron— de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras. Y precisamente para cubrir el decomiso, hay múltiples bienes embargados desde antaño que fueron cautelados en su oportunidad».

Luciani y Mola cerraron el escrito con la solicitud de que se ejecute el decomiso de los bienes identificados en su dictamen anterior. Y realizaron reserva de apelar ante la Cámara Federal de Casación en caso de que el tribunal resuelva en sentido contrario.