El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el expediente que investiga un presunto esquema de corrupción dentro del organismo. La medida marca un cambio de criterio respecto de la línea que había seguido Sebastián Casanello, quien hasta ahora había evitado incorporar esas grabaciones como prueba directa.

El magistrado, que subroga el Juzgado Federal N° 11, le pidió a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional que analice el origen y la autenticidad de los archivos. La Cámara Federal porteña ya había reclamado una verificación de ese material en fallos anteriores.

El pedido para detectar posibles adulteraciones

Lijo solicitó que se establezca si los audios fueron editados, adulterados o modificados mediante inteligencia artificial u otro método similar. Ese punto había sido planteado por las defensas, que cuestionaron el origen de las grabaciones y pidieron en varias oportunidades la nulidad de la causa.

El planteo de nulidad no prosperó, pero la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, ordenó el 4 de diciembre pasado que se verificara el origen y la veracidad de los audios. En ese momento, la instrucción estaba a cargo de Casanello.

El criterio que había seguido Casanello

Casanello respondió en febrero que esas averiguaciones ya estaban bajo análisis en una causa paralela a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini. Ese expediente se abrió a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal contra Spagnuolo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La Cámara Federal no quedó conforme con esa respuesta. En un incidente paralelo, los jueces dejaron asentado que la orden previa no había sido cumplida. Esa observación volvió a poner presión sobre el expediente y ahora Lijo decidió avanzar con el peritaje dentro de la causa principal.

La estrategia para evitar que caiga la investigación

Hasta ahora, Casanello y el fiscal federal Franco Picardi habían trabajado la causa ANDIS sin apoyarse en los audios. De hecho, las grabaciones no fueron mencionadas en las 307 páginas de los procesamientos de los primeros 19 acusados.

Esa decisión buscaba blindar el expediente ante un eventual cuestionamiento sobre la legalidad o autenticidad de los archivos. Si los audios fueran declarados clandestinos, falsos o adulterados, la investigación podría quedar expuesta a planteos basados en la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Qué sostiene la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la causa cuenta con pruebas independientes y anteriores a las grabaciones. Esa línea intenta separar el avance del expediente del destino judicial de los audios.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe técnico de parte que detectó un 65% de probabilidades de que la voz atribuida al ex funcionario haya sido modificada con inteligencia artificial.

La causa sigue con nuevas indagatorias

La orden de Lijo llega mientras avanza una nueva tanda de indagatorias a ex autoridades de ANDIS, empresarios y presuntos integrantes del esquema investigado. La acusación apunta a una asociación ilícita montada dentro del organismo para direccionar contratos millonarios con el Estado.

Según la hipótesis judicial, ese mecanismo habría permitido el cobro de coimas de entre el 12% y el 20% sobre los montos adjudicados. Con el peritaje de los audios, la causa suma ahora un capítulo clave sobre el material que originó el escándalo. Aunque la fiscalía insiste en que el expediente no depende únicamente de esas grabaciones.