El fiscal federal Diego Luciani pidió que Julio De Vido sea condenado a 4 años de prisión en el juicio oral por el caso Odebrecht, donde se investigan irregularidades en la contratación para ampliar los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008. El exministro de Planificación fue acusado como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Además de la pena de prisión, la fiscalía solicitó para De Vido la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El exfuncionario ya se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena de 4 años por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once.

Los otros pedidos de condena

Luciani también pidió 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron, a quien consideró autor penalmente responsable del mismo delito.

Para el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, la fiscalía solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión, también con inhabilitación especial perpetua. El mismo pedido recayó sobre Luis Beuret, exvicepresidente de CAMMESA, señalado como partícipe necesario en la maniobra.

En cambio, el fiscal pidió la absolución del exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat, al considerar que no se acreditó su participación en los hechos debatidos durante el juicio.

La acusación contra De Vido

Durante su alegato, Luciani sostuvo que el proceso de contratación debía buscar una reducción de costos, pero terminó favoreciendo a Odebrecht sin competencia real. Según la fiscalía, la firma brasileña quedó como adjudicataria de un contrato multimillonario que superó los USD 900 millones solo en el tramo de expansión asignado a CAMMESA.

El fiscal afirmó que los acusados ocupaban lugares estratégicos dentro del Estado y que desde allí armaron una estructura administrativa destinada a conectar a CAMMESA con la empresa beneficiaria.

Para Luciani, Cámeron fue el organizador del entramado, De Vido actuó como facilitador, Folgar preparó el terreno para presentar la operación como un acuerdo entre privados y Beuret colaboró para darle apariencia legal al proceso de selección.

El rol de CAMMESA y los fondos fiduciarios

En las dos jornadas de alegato, los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz explicaron que la maniobra se encuadra en el delito de negociaciones incompatibles de funcionario público. Y que prevé una pena máxima de 6 años de prisión.

La acusación sostuvo que De Vido creó el marco normativo y delegó facultades en funcionarios del área energética para confeccionar un esquema a medida de Odebrecht. Según el Ministerio Público, se modificó el rol de las prestatarias. Y se desplazó el proceso de contratación hacia empresas que terminaron concentrando el manejo de las obras.

También señalaron que los fondos fiduciarios creados para financiar la expansión de la red de gas le dieron al Estado un rol central en el sector. Esos fondos se nutrían de cargos obligatorios cobrados a grandes usuarios, con el objetivo formal de financiar las obras de infraestructura.

La hipótesis sobre el direccionamiento

Para la fiscalía, los cambios en las bases del concurso permitieron que el adjudicatario pudiera elegir al proveedor de bienes y servicios bajo su propio criterio. Esa modificación habría sido clave para orientar la contratación hacia Odebrecht.

En el caso de Beuret, Luciani lo ubicó como responsable de simular una competencia dentro del proceso. Y de presentar ante el directorio de CAMMESA la posibilidad de supervisar una contratación vinculada a gas. Pese a que la experiencia de la compañía estaba centrada en energía eléctrica.

Con el cierre del alegato acusatorio, el juicio entra en una etapa decisiva. Ahora será el turno de las defensas, antes de que el tribunal avance hacia una definición sobre uno de los expedientes vinculados a la trama Odebrecht en la Argentina.