El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de privatización de Aysa al convocar oficialmente a una licitación pública nacional e internacional para vender las acciones que el Estado posee en la compañía de agua potable y saneamiento que opera en el AMBA. La medida fue formalizada este viernes mediante la resolución 704 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de la primera empresa de servicios públicos que pasará a manos privadas durante la gestión de Javier Milei. El Ejecutivo ya había aprobado a fines de abril los contratos de concesión y la transferencia accionaria, estableciendo además que la concesión tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de extenderse por otros 10.

La privatización alcanzará el 51% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional. Aysa presta servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, Tigre, Morón y San Isidro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la medida y aseguró que el ingreso de capitales privados permitirá ampliar inversiones, mejorar la infraestructura y optimizar el servicio. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, sostuvo el funcionario.

Cómo será el proceso de privatización

El esquema diseñado por el Gobierno prevé que el 90% del paquete accionario quede bajo control privado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa. La operación se realizará en dos etapas. En una primera instancia, se seleccionará un operador estratégico que asumirá el control operativo de la compañía y recibirá el 51% de las acciones mediante el contrato de concesión.

Posteriormente, se avanzará con una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en la Bolsa. De esa manera, el Estado terminará desprendiéndose casi por completo de la firma.

Según el cronograma oficial, las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres. Además, las consultas sobre pliegos y condiciones podrán efectuarse hasta el 12 de agosto.

El proceso estará coordinado por el Ministerio de Economía junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.