El Gobierno nacional acelera su plan de privatizaciones y concesiones con una meta concreta para este año: obtener alrededor de USD 2.000 millones. La hoja de ruta incluye empresas públicas de energía, transporte, infraestructura y servicios, aunque los procesos más avanzados por ahora son los de AySA y Transener.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó durante su participación en Expo EFI que la Casa Rosada espera cerrar la mayor parte de las operaciones antes de fin de año. El objetivo oficial combina dos líneas: retirar al Estado de la gestión de compañías públicas y sumar dólares en un año con vencimientos exigentes de deuda.

Las empresas incluidas en el plan oficial

La lista mencionada por Caputo incluye Citelec S.A., vinculada a Transener; las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín; concesiones hidroeléctricas; Belgrano Cargas y Logística; Intercargo; AySA; Tandanor y Casa de la Moneda.

Parte de ese esquema se apoya en la Ley Bases, que habilitó la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, además de la privatización o concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE y Corredores Viales.

El Gobierno sostiene que la salida del Estado de estas compañías permitirá mejorar la eficiencia, reducir el peso fiscal y reforzar las reservas. En Economía, sin embargo, admiten que el ingreso efectivo de divisas recién se daría en el segundo semestre, por lo que las privatizaciones no llegarían a cubrir los vencimientos más inmediatos.

AySA y Transener, los procesos más avanzados

Entre todas las empresas incluidas en la agenda, AySA aparece como uno de los expedientes con más movimiento. Esta semana se publicó en el Boletín Oficial el contrato de concesión y el llamado a licitación podría formalizarse en los próximos días. La empresa presta servicios de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense.

El procedimiento demandaría cerca de tres meses. Los interesados deberán acreditar solvencia económica y capacidad técnica antes de presentar una oferta formal. La expectativa oficial es obtener unos USD 500 millones con la concesión de la compañía.

El otro caso avanzado es Transener, considerada una pieza clave del sistema eléctrico nacional. La empresa administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el país. La Secretaría de Energía ya habilitó a tres firmas para pasar a la etapa económica: Genneia, Central Puerto y Edenor.

Las ofertas presentadas fueron de USD 356,1 millones por parte de Genneia, USD 301 millones por Central Puerto y USD 230 millones por Edenor. La adjudicación está prevista para mayo y permitiría al Estado desprenderse de su participación accionaria en la transportista eléctrica.

El calendario financiero condiciona los tiempos

El ingreso de fondos por privatizaciones no sería inmediato. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que los dólares comenzarían a entrar recién durante la segunda mitad del año, una demora relevante frente al vencimiento de USD 4.200 millones previsto para julio.

Por esa razón, el Gobierno seguirá dependiendo en el corto plazo de otras fuentes de financiamiento. Entre ellas aparecen negociaciones con bancos internacionales y la colocación de bonos Bonar 2027 y Bonar 2028.

La apuesta oficial es que, una vez completadas las licitaciones y adjudicaciones, el capital privado ayude a reforzar la posición de reservas. También se busca mostrar una señal de disciplina fiscal y menor intervención estatal en sectores donde la administración libertaria considera que el Estado no debe seguir operando empresas.

La decisión política detrás del proceso

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, afirmó que la instrucción del Presidente es avanzar con la venta de todas las compañías estatales. Según explicó, la discusión no pasa por si el Estado debe retirarse, sino por los tiempos y la forma de cada operación.

Chaher también señaló que el Gobierno encontró empresas con problemas administrativos y falta de control. Para el funcionario, cualquier intento de ordenar esas compañías dentro del sector público puede perderse rápidamente si no existe disciplina de mercado.

El plan de privatizaciones todavía enfrenta trámites técnicos, revisiones de solvencia, procesos licitatorios y eventuales debates políticos. Aun así, la Casa Rosada quiere llegar al segundo semestre con varios expedientes en marcha y con al menos dos operaciones encaminadas para empezar a sumar dólares antes de fin de año.