El presidente de la Sala IV de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky, convocó a una audiencia para el 11 de septiembre. Ese día, las partes expondrán sus posiciones sobre el cuestionamiento al índice de actualización que utilizó el Tribunal Oral Federal N.°2 para calcular el decomiso de $684.990.350.139 (unos 600 millones de dólares) que debe afrontar Cristina Kirchner tras su condena en la causa Vialidad.

La Sala IV de Casación, integrada por Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego Barroetaveña, recibió el expediente que contiene el recurso de la defensa de la ex presidenta. Este recurso apunta contra la resolución dictada el 15 de julio por el TOF 2, que dispuso la actualización de la suma fijada en la condena.

En el veredicto del 6 de diciembre de 2022, el tribunal había ordenado el decomiso de $84.835.227.378,04 en concepto de bienes obtenidos mediante corrupción. La cifra fue actualizada por los peritos de la Corte Suprema hasta llegar a los casi 685 mil millones de pesos actuales, lo que disparó el planteo de la defensa.

Condena firme y cuestionamientos

La Corte Suprema dejó firme en junio la condena contra CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La dirigente cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, mientras sigue el trámite de las distintas instancias judiciales.

El próximo 11 de septiembre, la defensa podrá exponer sus críticas a la metodología aplicada en la actualización del monto, y Casación tendrá cinco días para resolver.

La trama de corrupción vial

La sentencia de la causa Vialidad determinó la existencia de maniobras fraudulentas en las obras otorgadas entre 2003 y 2015 a Lázaro Báez en Santa Cruz. Junto a Kirchner también condenaron al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros exfuncionarios.

El Tribunal Oral subrayó en su fallo que el decomiso es la “determinación fehaciente del daño al erario público” y que representa el beneficio obtenido mediante hechos de corrupción de extrema gravedad.

El jueves pasado, el TOF 2 rechazó los planteos de nulidad de la defensa y concedió el recurso a Casación, dejando la definición final en manos del máximo tribunal penal del país.