La discusión por una nueva ley de semillas volvió a encender la tensión entre el Gobierno nacional, la industria semillera y los productores. En ese escenario, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte inició gestiones políticas para advertir sobre los cambios que considera perjudiciales para la actividad. La entidad se reunió con autoridades de Tucumán y busca sumar el acompañamiento de legisladores nacionales de la provincia.

El planteo surge mientras la Nación avanza con dos líneas de trabajo vinculadas a la propiedad intelectual en semillas. Por un lado, oficializó un nuevo protocolo de control varietal para verificar la identidad genética de determinadas variedades protegidas. Por otro, abrió conversaciones con entidades rurales, técnicos, productores y empresas semilleras para discutir una reforma de la legislación vigente.

El reclamo de Apronor en Tucumán

Directivos de Apronor mantuvieron una reunión con el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, para transmitir su preocupación. El objetivo de la entidad es que diputados y senadores nacionales conozcan la posición de los productores antes de que avance un eventual proyecto en el Congreso. La organización busca intervenir en la discusión antes de que exista un texto definitivo.

«Queremos explicar cuál es el perjuicio para que cuando tengan que votar lo hagan sabiendo qué están votando y no que levanten la mano sin conocer el tema», sostuvo Hugo Meloni, presidente de Apronor. El dirigente señaló que la entidad viene advirtiendo desde hace tiempo sobre la ley de semillas y sobre la posibilidad de avanzar hacia el esquema de UPOV 91. A su criterio, esa orientación sería desfavorable para los agricultores.

Uno de los puntos que más inquieta a la organización es el alcance que podrían tener los controles sobre el uso de semillas. Meloni advirtió que existe el riesgo de que esos mecanismos terminen en manos de los propios semilleros. Según planteó, eso colocaría a las empresas en una posición de «juez y parte» frente a los productores.

El protocolo que activó las críticas

La reacción de Apronor se conoció después de que el Gobierno anunciara un nuevo protocolo de control varietal. La medida permitirá realizar verificaciones genéticas sobre muestras obtenidas en distintos puntos de la cadena comercial. El esquema regirá para las variedades que se inscriban desde ahora.

Para la industria semillera, una mayor protección de la propiedad intelectual resulta necesaria para incentivar inversiones y acelerar la llegada de nuevas tecnologías. Ese argumento aparece desde hace años en el debate sobre la actualización de la ley, que data de 1973. Sin embargo, distintas entidades de productores sostienen que cualquier reforma debe preservar derechos históricos de la actividad y evitar nuevos costos.

En el caso de Apronor, la preocupación se concentra en la posibilidad de que la reforma limite el uso propio de semillas o fortalezca mecanismos de cobro y control por parte de empresas desarrolladoras de genética. La entidad pretende que esos planteos sean escuchados por los representantes tucumanos en el Congreso. Según Meloni, desde el Gobierno provincial se comprometieron a convocarlos cuando exista un borrador más concreto.

Más entidades se sumaron al rechazo

El cuestionamiento no quedó limitado a Apronor. Bases Federadas también criticó el nuevo protocolo oficial y sostuvo que la medida acerca al país a UPOV 91. En un comunicado, la organización afirmó que el Ejecutivo busca proteger a los grandes semilleros y deja a los productores en una situación de mayor exposición.

La entidad también apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al considerar que los controles exigidos a los chacareros beneficiarían a los sectores más concentrados del agro. Su postura refleja el malestar de una parte del sector productivo frente a una discusión que todavía no tiene proyecto formal, pero que ya empezó a ordenar posiciones políticas.

El Gobierno busca construir consensos para modificar una ley que lleva décadas sin actualización. Del otro lado, productores del norte y otras organizaciones rurales advierten que el debate no puede avanzar sin contemplar el impacto económico sobre quienes producen. La definición quedará atada al contenido del futuro proyecto y al respaldo que logre reunir en el Congreso.