El Gobierno argentino reiteró su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y advirtió que buscará frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La Cancillería calificó como ilegal la exploración y explotación de recursos en áreas bajo disputa de soberanía sin autorización argentina. El planteo fue realizado en el marco del aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas.

La declaración oficial vinculó esa efeméride con la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa norma pide a las partes evitar modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca abierta. Para el Gobierno, el desarrollo petrolero impulsado por empresas extranjeras contradice ese principio y afecta recursos naturales reclamados por la Argentina.

El cuestionamiento al proyecto Sea Lion

El foco del comunicado estuvo puesto en la Decisión Final de Inversión anunciada por Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited. Ambas compañías avanzan con el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto no cuenta con autorización argentina.

La primera fase prevé una inversión cercana a los USD 2.100 millones, con perforaciones proyectadas para 2027 y producción estimada desde 2028. Según las estimaciones difundidas por las empresas, las reservas recuperables podrían superar los 1.000 millones de barriles. Esa magnitud reforzó la preocupación del Gobierno argentino por el impacto económico y político del proyecto.

La Cancillería sostuvo que toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales en zonas en disputa resulta contraria al derecho internacional. También citó la resolución 2065 de la ONU, que reconoce la existencia de una controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. En ese marco, el Gobierno afirmó que utilizará herramientas pacíficas para insistir con la reapertura de negociaciones.

La posición del Gobierno argentino

El canciller Pablo Quirno también se pronunció en redes sociales y ratificó que la Argentina continuará utilizando todos los medios diplomáticos disponibles. Su mensaje siguió la línea planteada por el presidente Javier Milei, quien ya había cuestionado el avance de Rockhopper y Navitas sobre recursos ubicados en el área en disputa. El Gobierno considera que esas actividades constituyen una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido.

La declaración oficial repasó además los fundamentos históricos del reclamo argentino. Mencionó la herencia territorial desde la independencia, la toma de posesión formal en 1820 por el coronel David Jewett, la organización administrativa bajo Luis Vernet y la expulsión de las autoridades argentinas en 1833. También rechazó que el principio de autodeterminación sea aplicable al caso, al sostener que los habitantes actuales conforman una población británica implantada.

El trasfondo internacional

El reclamo se produce en un contexto de mayor sensibilidad diplomática. Un correo interno del Pentágono, filtrado meses atrás, había sugerido revisar el apoyo de Estados Unidos a ciertas posesiones europeas, con una mención explícita a las Islas Malvinas. Luego, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio minimizó el alcance del documento y sostuvo que Washington no toma partido sobre las reclamaciones de soberanía.

El Reino Unido, en tanto, mantiene su posición histórica. El gobierno de Keir Starmer reafirmó que la soberanía de las islas pertenece al Reino Unido y volvió a destacar el derecho a la autodeterminación de sus habitantes. Londres rechaza abrir una negociación sobre soberanía y se apoya en el referéndum realizado en 2013, en el que los votantes habilitados se pronunciaron casi de manera unánime por seguir bajo administración británica.

La Argentina sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, tal como fue pedido por distintas resoluciones de la ONU. El Comité Especial de Descolonización volvió a pronunciarse en ese sentido en 2025. Mientras tanto, el proyecto Sea Lion suma un nuevo frente al reclamo diplomático, con el eje puesto en la explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía sigue en disputa.