La investigación contra una mujer acusada de ofrecer de manera fraudulenta casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sumó un nuevo avance judicial. La sospechosa, conocida como «Ruby», seguirá sometida al proceso mientras la Fiscalía profundiza la pesquisa sobre nuevas denuncias y posibles responsabilidades de otras personas.

La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila. Este miércoles se realizó una audiencia multipropósito en la que la Justicia resolvió prorrogar por cuatro meses la investigación penal preparatoria y las medidas de coerción que pesan sobre la acusada, de 58 años, imputada por cuatro hechos de estafa.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael explicó que la extensión de los plazos responde a la complejidad del expediente y a la aparición de nuevas presentaciones. «El pedido se sustenta en la pluralidad de víctimas y de hechos que nos encontramos investigando. Hemos recibido una nueva denuncia enmarcada en el contexto de estafa. Debemos determinar si las conductas determinadas configuran un fraude en perjuicio de la administración pública y la complicidad penal que pudiera corresponder», sostuvo.

La representante del Ministerio Público Fiscal agregó que uno de los puntos clave de la investigación será el análisis del teléfono celular secuestrado a la imputada. «Nos encontramos a la espera del análisis del celular de la acusada en búsqueda de evidencia digital de valor para la investigación», indicó.

Cómo operaba la presunta estafa

Según la acusación, la mujer aseguraba tener influencias dentro del IPVDU y ofrecía presuntamente gestionar la adjudicación de viviendas en Lomas de Tafí a cambio de importantes sumas de dinero.

Uno de los hechos investigados comenzó en octubre de 2022, cuando una mujer entregó un total de $2.500.000 luego de que la acusada le prometiera una vivienda en ese barrio. La entrega del inmueble nunca se concretó.

La misma víctima también denunció haber sido engañada con la supuesta venta de una camioneta y un tractor que, según la imputada, provenían de procedimientos policiales y pertenecían a la Comuna de Delfín Gallo. Para esa operación entregó $735.000, pero los vehículos jamás fueron entregados.

Otra de las causas involucra a un matrimonio que abonó $280.000 convencido de que accedería a una vivienda recuperada por el IPVDU destinada a familias vulnerables. La entrega tampoco se realizó.

El cuarto hecho investigado corresponde a otra mujer que también habría entregado distintas sumas de dinero tras recibir la promesa de una vivienda en Lomas de Tafí, beneficio que nunca obtuvo.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía busca determinar si existen más damnificados y establecer si hubo otras personas involucradas en una maniobra que, además de las presuntas estafas particulares, podría configurar un perjuicio contra la administración pública.