El fiscal federal Fernando Domínguez pidió la declaración indagatoria de 10 imputados en una causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de ARSAT. El expediente, a cargo del juez federal Lino Mirabelli, comenzó con una denuncia por robo de mercadería en un depósito de la empresa estatal y derivó en una investigación más amplia por posibles hechos de corrupción, drogas y espionaje.

La Justicia levantó el secreto de sumario mientras avanza el análisis del material secuestrado en allanamientos realizados en Mendoza, provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los imputados aparecen exfuncionarios de Argentina de Soluciones Satelitales, empresarios vinculados a Argentina Logistic Service y otras personas investigadas por su presunta participación en las maniobras.

Quiénes son los imputados

El pedido de indagatoria alcanza a los exfuncionarios de ARSAT Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro y Juan Álvarez. Leal fue presidente de la empresa estatal durante la gestión de Alberto Fernández y luego pasó a conducir el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Boschin, por su parte, fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT y después ocupó un cargo en Trenes Argentinos Operaciones.

La lista también incluye a los directivos de Argentina Logistic Service, Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes y Gastón Walter Padilla. Además, fueron mencionados Sofía Varela Vizgarra y Santiago Pando. La fiscalía busca determinar qué rol tuvo cada uno en las contrataciones bajo sospecha.

Según el expediente, la denominada «banda de los mendocinos» habría intervenido en contrataciones vinculadas con servicios de fletes, transporte, alquiler de grúas y espacios de guardado asignados a ALS. Los investigadores sospechan que exfuncionarios de la empresa estatal se interesaron de manera irregular en esos negocios y que pudieron favorecer a la firma privada.

Contratos bajo sospecha

Uno de los hechos investigados apunta a servicios ofrecidos por ALS en un predio ubicado sobre el Ramal Tigre de la Panamericana, a la altura de San Fernando. Según la causa, Gerardo Boschin habría extendido al menos 14 órdenes de compra por un total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000. La fiscalía sostiene que representantes de la empresa participaron en reuniones informales, conversaciones e intercambios de información durante ese proceso.

Otro tramo de la investigación analiza si los exfuncionarios imputados dispusieron de manera abusiva de fondos públicos. Para la fiscalía, el contrato que benefició a ALS habría carecido de una necesidad real y se habría apoyado en invitaciones ficticias, ítems inexistentes y prestaciones incumplidas. También se señaló que la empresa no habría reunido condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado.

El tercer hecho apunta a presuntas dádivas y beneficios económicos. La hipótesis es que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani habrían aceptado promesas de dinero, pasajes aéreos, colocaciones laborales y otros valores materiales. Esos beneficios, según la investigación, habrían funcionado como contraprestación por el direccionamiento de contrataciones.

Los hallazgos en los allanamientos

La causa dio un giro a partir de los allanamientos ordenados por el juez Mirabelli a pedido del fiscal Domínguez. En los procedimientos se secuestraron documentos, celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, agendas, dinero en efectivo, claves vinculadas con monedas digitales y documentación contable. Los operativos alcanzaron domicilios particulares, empresas y estudios profesionales.

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en un departamento de Facundo Leal en Palermo. Allí, la Policía Federal encontró cerca de USD 650.000 en efectivo, monedas de otros países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. En una vivienda de Mendoza vinculada al exfuncionario, los investigadores hallaron alrededor de USD 1.700.000.

Por ese tramo del expediente, Leal permanece detenido por tenencia de drogas. Esa línea quedó bajo la intervención del fiscal federal Federico Iuspa. En paralelo, la causa principal continúa con el análisis de las presuntas irregularidades en contrataciones de ARSAT.

Dispositivos de inteligencia y valijas

En otro operativo, los investigadores localizaron un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar. Entre los elementos secuestrados había micrófonos ocultos en objetos cotidianos, inhibidores de señales, localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium. Ese hallazgo incorporó una nueva línea de investigación vinculada con posible espionaje.

También se analiza un episodio ocurrido durante los allanamientos en Mendoza. Según el seguimiento judicial, dos mujeres cercanas a Leal salieron de un edificio con valijas pesadas y luego se dirigieron a una casa del exfuncionario en un barrio privado. Tras un nuevo procedimiento, la Justicia secuestró el teléfono de una joven y una valija con ropa.

El expediente quedó en una etapa clave tras el levantamiento del secreto de sumario. Ahora, el juez deberá resolver si hace lugar al pedido de indagatoria contra los 10 imputados. La causa comenzó por un robo de mercadería, pero terminó abriendo una investigación mucho más amplia sobre contrataciones públicas, dinero en efectivo, drogas y equipos de inteligencia.