La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias reactivó el debate sobre los alcances de la llamada Ley de Inocencia Fiscal. El esquema permite presentar una declaración jurada más simple y acceder a beneficios frente a eventuales revisiones de ARCA. Sin embargo, especialistas aclararon que ese resguardo se limita al plano tributario y no bloquea investigaciones por otros delitos.

El régimen fue incorporado para contribuyentes del Impuesto a las Ganancias que obtengan rentas de fuente argentina. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la modalidad permite declarar ingresos, gastos y deducciones sin informar patrimonio al inicio ni al cierre del período fiscal. La opción rige para períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025.

Cómo funciona el régimen

El tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que el Régimen Simplificado de Ganancias tiene dos dimensiones. La primera es la declaración jurada simplificada, que no exige detallar patrimonio, monto consumido ni variaciones patrimoniales. El contribuyente informa sus datos económicos básicos, el sistema determina el impuesto y luego se realiza el pago correspondiente.

La segunda dimensión es el llamado «tapón fiscal». Ese beneficio otorga una presunción de exactitud sobre lo declarado y limita la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores no prescriptos. En la práctica, permite cubrir declaraciones de años previos dentro del ámbito impositivo, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la norma.

Domínguez remarcó que la adhesión también puede convivir con el uso de dólares no declarados para adquirir bienes, como inmuebles o vehículos. De todos modos, aclaró que entrar al régimen no obliga a utilizar esos fondos. Un contribuyente puede adherir solo para acceder a la declaración simplificada y al bloqueo fiscal frente a revisiones de ARCA.

Qué es el «tapón fiscal»

El «tapón fiscal» permite que, si el contribuyente presenta la declaración jurada simplificada y paga el impuesto en término, ARCA no pueda revisar ni ajustar declaraciones anteriores de Ganancias e IVA dentro de los períodos alcanzados. La Ley de Inocencia Fiscal también reduce el plazo de prescripción de cinco a tres años para contribuyentes cumplidores. El cambio instala una presunción de exactitud: lo declarado se toma como correcto salvo que el organismo recaudador demuestre lo contrario.

Ese punto es el que generó mayor interés entre contribuyentes y asesores tributarios. El régimen puede funcionar como una herramienta para ordenar la situación fiscal sin exhibir todo el patrimonio ante ARCA. La clave, según los especialistas, es que el efecto opera dentro del sistema impositivo y no frente a otros organismos de control.

En el caso de Adorni y Angeletti, esa diferencia resulta central. La adhesión al régimen puede limitar revisiones tributarias, pero no reemplaza las declaraciones patrimoniales que deben presentarse ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco impide investigaciones judiciales vinculadas con enriquecimiento ilícito, dádivas u otros delitos.

El alcance frente a investigaciones judiciales

El especialista Marcos Felice diferenció el régimen fiscal de las causas penales o patrimoniales que puedan involucrar a funcionarios. «No tiene nada que ver lo del Régimen Simplificado de Ganancias con Inocencia Fiscal con lo que se le está investigando a Adorni, que es enriquecimiento ilícito», sostuvo. También explicó que una persona puede adherir sin usar dólares del colchón y solo para acceder a los beneficios del bloqueo fiscal.

Otra fuente especializada señaló que el régimen no exime de consecuencias ante delitos que no sean tributarios. En esa línea, indicó que la adhesión puede evitar que el contribuyente deba mostrar su patrimonio ante ARCA, pero no ante la Oficina Anticorrupción. Por eso, el debate no pasa solo por la herramienta fiscal, sino por el uso que puedan hacer de ella funcionarios alcanzados por obligaciones de transparencia.

La adhesión del jefe de Gabinete y su esposa abrió cuestionamientos políticos sobre el interés del Gobierno en la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal. También suma presión sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca fortalecer el marco legal para quienes quieran ingresar dólares no declarados al circuito formal. En el oficialismo consideran que ese proceso puede acelerar la recuperación de la actividad.

El Gobierno busca atraer dólares fuera del sistema

El Ministerio de Economía tiene particular interés en que la Ley de Inocencia Fiscal funcione. Según estimaciones atribuidas al Fondo Monetario Internacional, los argentinos mantienen unos USD 170.000 millones fuera del sistema bancario. Para el Gobierno, parte de esos fondos podrían dinamizar la economía si vuelven a circular a través de compras, inversiones o nuevos activos declarados.

El problema es que la discusión política puede complicar el avance de una nueva ley para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. El oficialismo busca evitar que quienes ingresen dólares queden expuestos a futuras persecuciones fiscales o revisiones de otra administración. Sin embargo, el caso Adorni volvió a instalar dudas sobre los límites del régimen y sobre la diferencia entre alivio tributario, control patrimonial y responsabilidad pública.